La infertilidad, en la sala de espera
Las demoras para acceder a técnicas de fertilización en los centros públicos llegan a los ocho años
La infertilidad afecta a un 17% de las parejas -la estadística no incluye a las uniones de hecho- y en un 15% de los casos existe la posibilidad de reproducción gracias a algún tratamiento de fertilización. En España, unas 150.000 nuevas parejas solicitan cada año someterse a alguna de las técnicas de reproducción asistida, según cifras de la Asociación Nacional Para los Problemas de Infertilidad (Asproin).
Las relaciones sexuales cada vez más promiscuas entre los jóvenes, la pérdida de la calidad del esperma de los hombres o el progresivo retraso de la maternidad son algunos de los factores que favorecen la aparición de problemas de fertilidad y que aumentan, en consecuencia, la demanda de tratamientos de fecundación.
Cada año que pasa se reducen las posibilidades de embarazo mediante reproducción asistida
La solicitud suele hacerse en primera instancia en la sanidad pública, pero la mayoría de parejas no pueden permitirse aguardar entre dos y ocho años para ser diagnosticadas y sometidas al tratamiento recomendado. 'Las parejas retrasan cada vez más la maternidad y cuando se deciden a tener hijos y descubren que tienen problemas para tener descendencia, ya suelen superar los 35 años', explica Encarnación Luzón, presidenta de la asociación Asproin. Entonces el tiempo apremia. Cada año que pasa se reducen las probabilidades de conseguir un embarazo a través de una técnica de reproducción asistida, y a partir de los 40, la Seguridad Social ya no costea el tratamiento. La opción es, pues, acudir a un centro privado, aunque no siempre la disponibilidad económica lo permite. Un tratamiento de Fecundación In Vitro (FIV), la técnica más utilizada, puede llegar a costar alrededor de unos 6.000 euros (un millón de pesetas), ya que normalmente un solo intento no basta y hay que repetirlo una o dos veces.
Muchas de las parejas que no pueden recurrir a la sanidad privada se quedan por el camino. Desisten y entonces es cuando se origina una desigualdad social que han denunciado no sólo las asociaciones de defensa y asesoramiento de parejas estériles, como Asproin, sino también los propios profesionales.
El doctor Luis Cabero, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y jefe del servicio de ginecología del hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, considera que la sanidad 'tiene unas obligaciones sociales que no se atienden lo suficiente'. 'Los responsables de la Sanidad han tenido otras prioridades, más hospitalarias que sociales, de modo que el tratamiento de la infertilidad ha quedado desatendido'. El resultado salta a la vista: en Vall d'Hebron, el único hospital público de Cataluña donde se practican estas técnicas con cobertura de la Seguridad Social -además de dos centros concertados: el hospital de Sant Pau y el Clínico-, las listas de espera para una fecundación in vitro alcanzan los ocho años. Una situación que Cabero califica de 'dramática'. Cataluña, según el presidente de la SEGO, es una de las comunidades donde las listas de espera son más largas, pero existen autonomías que están peor, ya que no disponen de oferta hospitalaria pública para técnicas de reproducción asistida. País Vasco, Navarra, Valencia y Madrid son, según Cabero, las comunidades que gozan de una mejor situación, pues la espera no suele sobrepasar los dos años.
Cabero asegura que sería necesaria una 'inversión muy importante' para adaptar la oferta pública a la creciente demanda de estos tratamientos. 'Más cuando el fomento de la natalidad es un objetivo del Gobierno', agrega.
La presidenta de la Asproin considera además que los centros públicos necesitan más recursos para modernizar su tecnología para equipararla con la de las clínicas privadas, en las que 'se logran tasas de embarazo más elevadas'.
Luzón recuerda que a finales del año pasado el Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para ofrecer una mayor cobertura de la Seguridad Social al diagnóstico y tratamiento de la infertilidad con el objetivo de aliviar las listas de espera. 'El Consejo Interterritorial debe reunirse para establecer un sistema de priorización y valoración de los pacientes, pero todavía no se ha dado ningún paso', lamenta Luzón.
En Cataluña, todos los grupos del Parlamento acordaron recientemente instar al Gobierno de la Generalitat a incrementar los conciertos con los hospitales para la práctica de tratamientos de reproducción asistida.
La inducción a la ovulación por medio de fármacos es la técnica más sencilla y el primer paso que suelen recomendar los médicos a las parejas con dificultades para lograr un embarazo. Se trata de un procedimiento con pocas probabilidades de éxito (un 10%), por lo que muchas parejas tienen que recurrir a la inseminación artificial, que consiste en inyectar espermatozoides seleccionados y aislados del semen en el útero de la mujer. La tasa de embarazos por cada intento es del un 15%.
En los casos en que las anteriores técnicas hayan fracasado, la alternativa es la fecundación in vitro: se extraen varios óvulos y se fecundan de forma artificial en el laboratorio con esperma, y posteriormente se transfieren al útero los embriones ya formados. Las probabilidades de éxito son mayores, ya que llegan al 25% en cada intento, aunque esta tasa disminuye progresivamente con la edad y cae en picado a partir de los 45 años.
'Una enfermedad que tiene curación'
La infertilidad no tiene cabida en la medicina de la satisfacción, sino que es una enfermedad que tiene curación y que debe abordarse en el ámbito del derecho a la protección de la salud'. Así lo considera el síndic de greuges (el defensor del pueblo catalán), Anton Cañellas, en su último informe que ha entregado recientemente al presidente del Parlamento catalán. Cañellas asegura que de la ley reguladora de las técnicas de reproducción asistida y del informe previo del Congreso de los Diputados de 1987 se desprende que la infertilidad es un problema de salud y que todas las personas que lo padezcan 'tienen derecho a la correspondiente terapia o tratamiento, como lo prevé el catálogo de prestaciones (de la Seguridad Social), con todos los medios y técnicas de que dispone actualmente la ciencia dentro de una concepción integral de la salud'. El defensor del pueblo catalán añade en su informe que los poderes públicos están obligados a orientar sus políticas sanitarias corrigiendo las desigualdades. Por ello, insta a la Generalitat a tomar las medidas necesarias para 'garantizar la equidad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida' y a elaborar un plan de choque para reducir las listas de espera en este ámbito de la sanidad pública. El director del Área de Servicios y Calidad del Servicio Catalán de la Salud (SCS), Oriol Morera, admite que las demoras para someterse a un tratamiento de fertilización en la sanidad pública catalana 'van más allá de lo deseable'. Morera asegura, sin embargo, que son esperas de entre dos y cuatro años, y en ningún caso de ocho, como afirma el jefe del servicio de ginecología y obstetricia del hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, Luis Cabero. La Generalitat no ha hecho oídos sordos a la petición del síndic. Morera asegura que el Departamento de Sanidad elaborará un plan de choque para acortar las listas de espera cuando disponga de las 'cifras reales' de la demanda, que actualmente son de unas unas 1.500 mujeres. 'Sabemos que muchas mujeres se apuntan en más de una lista de espera y por ello estamos elaborando un registro único y nominal', explica. Mientras el plan de choque no esté listo, la Generalitat ha optado por adoptar soluciones 'temporales', que pretenden 'ofrecer una solución a aquellas parejas a las que la sanidad pública no ha podido dar respuesta'. Con este fin el año pasado la Generalitat empezó a pagar, en el marco de un plan piloto que finalizará este verano, parte del coste del tratamiento de fecundación in vitro a mujeres que optaron voluntariamente por acudir a centros privados después de aguardar durante años su turno en la sanidad pública sin que fueran atendidas. En total se acogieron a esta medida 800 mujeres, a las que el Gobierno catalán sufragó la parte más costosa del tratamiento: la farmacológica. La medicación puede costar hasta 1.800 euros (unas 300.000 pesetas) por cada ciclo (intento de embarazo) y hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos hay que repetir una o más veces la operación. Al margen de esta medida, la Generalitat ha ampliado para este año en un 30% el número de ciclos que ofrecerá con cobertura de la sanidad pública, que el año pasado fue de 600 en los centros autorizados.
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