PP y PSOE propondrán destituir a los cargos municipales de Batasuna

Gobierno, PP y PSOE acordaron ayer en la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista nuevas medidas para asfixiar políticamente a Batasuna. Populares y socialistas decidieron proponer la modificación de la Ley Electoral Vasca para que Batasuna deje de percibir subvenciones de las instituciones de Euskadi. También propondrán la destitución de los concejales del brazo político de ETA de cualquier tipo de responsabilidad municipal.

Los representantes de ambos partidos quieren evitar lo sucedido en Orio (Guipúzcoa, la localidad de donde era concejal la última víctima de ETA, Juan Priede), donde un concejal de Batasuna preside una comisión municipal. En otras localidades, presiden incluso empresas municipales.

Estaban González Pons, del Grupo Popular, señaló que la destitución de los cargos locales de Batssuna y la eliminación de cualquier posible subvención son medidas 'previas y preparatorias de la futura disolución' de dicho partido por decisión judicial.

Además de estas dos nuevas medidas, la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista -representada ayer por el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga; el portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons; la responsable municipal del PP, Ana Romero; y Carlos Urquijo, en nombre del PP vasco; así como Víctor García, por el Partido Socialista de Euskadi, y Álvaro Cuesta, de la Ejecutiva Federal del PSOE- también acordó proponer en el Parlamento vasco la modificación de su ley electoral para que los interventores municipales puedan estar empadronados en otras circunscripciones.

Esta posibilidad también se incluirá en la ley electoral general.

Reunión el día 10

Sólo dos cuestiones importantes quedaron pendientes para una nueva reunión de la Comisión Técnica, prevista para el 10 de abril: la creación del Fondo Público de Ayuda a los Concejales y los supuestos de disolución de una corporación municipal por parte del Consejo de Ministros.

Populares y socialistas estuvieron ayer de acuerdo en la creación de un fondo para sufragar los gastos de seguridad de los ediles en el País Vasco, pero dejaron sin cerrar una posible reforma de la ley de Financiación de Pertidos que permita la existencia de donaciones privadas de carácter finalista, destinadas a sufragar los gastos de seguridad de los concejales amenazados, y regule sus efectos fiscales.

En cuanto a la suspensión de una corporación municipal por parte del Consejo de Ministros, ambos partidos están de acuerdo en aplicarla en los siguientes supuestos: que el ayuntamiento dé cobertura al terrorismo con su actuación; que exalte a los terroristas o sus actuaciones; que humille a las víctimas o a sus familiares; o que se impida el normal trabajo de los concejales.

Aunque aún tiene que redactarse el texto definitivo, la previsión es que sean las diputaciones las que se hagan cargo de la gestión de un ayuntamiento disuelto por estas circunstancias hasta que se celebren las siguientes elecciones municipales ordinarias.

Asimismo, los partidos firmantes del Pacto Antiterrorista presentarán dos proposiciones de ley en el Congreso para plasmar otras tantas iniciativas: La personación de los ayuntamientos como acusación particular en los procedimientos penales derivados de delitos o faltas cometidas contra concejales de las fuerzas políticas democráticas; y la modificación de la Ley Electoral para incluir entre las causas de inelegibilidad la condena, aun no siendo por sentencia firme, por un delito de amenazas a un concejal o su familia o por delito contra sus bienes.

Populares y socialistas también acordaron modificar la legislación electoral y local para que, cuando se agote la lista de candidatos suplentes a un Ayuntamiento como consecuencia de las amenazas, la diputación correspondiente pueda designar concejales a otras personas propuestas por los partidos afectados.

Asimismo se garantizará la confidencialidad del registro de intereses de los ediles por el procedimiento de que las diputaciones sean sus depositarias.