El Gobierno propone que las diputaciones asuman la gestión de los ayuntamientos disueltos por ensalzar a ETA

El Gobierno propondrá hoy, en la reunión de la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista, que la diputación correspondiente asuma la gestión de un ayuntamiento que sea disuelto -tras la decisión del Consejo de Ministros- por haber ensalzado a ETA o a los terroristas, haber humillado a las víctimas o impedido el trabajo de los miembros de la corporación municipal, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Los servicios jurídicos del Estado han analizado las propuestas realizadas por el PSOE y el PP en la última reunión de esta comisión técnica, en la que se planteó modificar la Ley General de Bases de Régimen Local para poder disolver un ayuntamiento que enaltezca el terrorismo y, también, cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para introducir flexibilidad en las listas electorales con el número de suplentes. La conclusión es que los cambios planteados por ambos partidos son viables jurídicamente.

La propuesta del socialista Álvaro Cuesta sobre la posibilidad de disolver una corporación municipal se acepta en su redacción, aunque el Gobierno ha tenido en cuenta la posibilidad de que, tras la disolución de la corporación, pudieran convocarse elecciones en un plazo de seis meses. Las fuentes consultadas explican que, entonces, lo más probable sería que se volviera a repetir la misma situación. Por tanto, el Ejecutivo central considera que lo lógico es que las elecciones municipales se celebren cuando toquen -no antes- y que, mientras tanto, la diputación correspondiente se haga cargo de la gestión ordinaria de ese ayuntamiento.

Esta fórmula ya está prevista en la Constitución para el caso de las comunidades autónomas, aunque con un matiz diferente. En el caso de estas últimas, la Carta Magna no prevé la disolución, pero sí permite que el Gobierno central pueda asumir la gestión de todos los servicios de las comunidades.