CiU cree inconstitucional que el Gobierno disuelva ayuntamientos que amparen a ETA

El Gobierno catalán anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de seguridad de los concejales si ésta otorga al Gobierno central y no a las comunidades autónomas la potestad de disolver los ayuntamientos que justifiquen y apoyen actos terroristas. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró que su grupo no aceptará una invasión de las facultades de aquellas autonomías con competencias en régimen local, como la catalana o la vasca. En todo caso, reiteró su total apoyo a las medidas antiterroristas que incluye la proposición pactada entre PP y PSOE.

'CiU considera justa, legítima y necesaria esta iniciativa si lo que se pretende es debatir la protección de los concejales amenazados por el terrorismo', manifestó ayer Duran tras la reunión de la ejecutiva de CiU. Por este motivo, los nacionalistas catalanas votarán hoy en el Congreso a favor de la toma en consideración de la ley y se comprometen a apoyar todas las medidas contempladas en esta norma legislativa. Todas menos, de momento, una: la que faculta al Consejo de Ministros, previa autorización del Senado, a disolver las corporaciones locales que justifiquen de alguna forma el terrorismo.

CiU no se opone a la disolución de ayuntamientos pero cree que la competencia para ejecutarla corresponde a las autonomías y no al Gobierno central. 'No estamos dispuestos a ceder ni un palmo ni a permitir que, pese a estar en contra del terrorismo y a favor de estas medidas, se aproveche este viaje para limitar las competencias de las autonomías', subrayó Duran.

Pero el trámite legislativo es largo. Mientras ayer Duran se mostraba escéptico en alcanzar un acuerdo satisfactorio con populares y socialistas, otros miembros de CiU confiaban en encontrar una fórmula intermedia que reconozca la competencia autonómica en esta materia, y así se lo hicieron llegar al Grupo Popular. En el PP vieron las objeciones de los nacionalistas catalanes como otro peldaño en el empeño, en clave electoral, por distanciarse del partido del Gobierno. CiU, según Duran, mantiene la misma posición que en 1985, cuando se opuso al artículo 61 de la ley de Régimen Local que faculta al Gobierno a disolver un ayuntamiento, y que basa la proposición de PP y PSOE.

El Gobierno se vio sorprendido por la advertencia de CiU y rechazó sin ambages cualquier alteración del texto, tal y como está ahora recogido en el proyecto de ley. Gabriel Elorriaga, secretario de Estado de Organización Territorial y uno de los redactores del proyecto de ley, argumenta que la disolución de ayuntamientos está amparada en los artículos 61 y 67 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Elorriaga recuerda que el artículo 61 de la Ley de Régimen Local ya dice expresamente que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con el conocimiento de la autonomía y previo acuerdo favorable del Senado, podrá disolver los órganos de las corporaciones locales si su gestión es gravemente dañosa para los intereses generales e incumple sus obligaciones constitucionales. En cuanto al artículo 67, Elorriaga recuerda que CiU votó en 1999 a favor de su modificación y de la actual redacción, que dice que si el ayuntamiento adopta acuerdos que atenten gravemente el interés general de España, el delegado del Gobierno, previo requerimiento al alcalde y de no ser atendido, podrá suspenderlos. Elorriaga estima que en esta advertencia de CiU 'lo único que hay son reservas hacia el Pacto Antiterrorista'. En cualquier caso, el Gobierno y el Grupo Popular confían en que CiU será fiel a su trayectoria y la 'reflexión' de ayer no se traducirá finalmente en el voto en contra a una ley de esta envergadura.