El Congreso blinda con medidas legales a los concejales vascos

Madrid PP y PSOE lograron ayer que ningún grupo político se opusiera a la toma en consideración de la proposición de Ley sobre la seguridad de los concejales amenazados por el terrorismo. Con 299 votos a favor y sólo nueve abstenciones -del PNV, Eusko Alkartasuna (EA) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)-, el Congreso dio luz verde a la tramitación de un texto que reforma seis leyes orgánicas -Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Financiación de Partidos, Ley de Régimen Electoral, Ley de Régimen Local y Ley de Fuerzas de Seguridad- con el objetivo de reforzar la seguridad de los ediles en el País Vasco y Navarra para afrontar la agresión de ETA y Batasuna contra estos cargos públicos.

La reforma legal permite aumentar la seguridad de los concejales a través de las siguientes medidas:

- Endurecimiento del Código Penal para castigar las calumnias, injurias o coacciones a concejales.

- Disolución por el Consejo de Ministros de ayuntamientos que enaltezcan o justifiquen el terrorismo.

- Los condenados por delitos de rebelión o terrorismo, aunque la sentencia no sea firme, no podrán ser elegidos.

- Los interventores o apoderados podrán pertenecer a otra circunscripción electoral distinta a la que se celebran los comicios.

- Prohibida cualquier información particularizada sobre datos personales contenidos en el censo electoral.

Hubo un reproche generalizado a PP y PSOE por haber concertado el acuerdo antes de hacer partícipe al resto de la Cámara, pero ningún grupo votó en contra de la toma en consideración.

Durante la tramitación por la vía de urgencia de la iniciativa, CiU, PNV y EA votarán en contra de la capacidad del Gobierno de disolver los ayuntamientos.

El portavoz socialista, Jesús Caldera, cree que el resultado de la votación sin un sólo voto en contra ofrece 'una gran legitimidad hacia estas medidas no sólo en el interior de España, sino también en el exterior'. Caldera adelantó que el 13 de noviembre una delegación del Pacto Antiterrorista viajará a París para explicar la situación del País Vasco y las medidas que está adoptando la 'democracia española' para combatir el terrorismo y su 'pantalla política', Batasuna, como la Ley de Partidos y la proposición que ayer inició su andadura parlamentaria.

La votación fue fruto del esfuerzo del propio Caldera y del portavoz del PP, Luis de Grandes, que se entrevistaron con los grupos para llevar a su ánimo la necesidad de apoyar la ley, toda vez que el objetivo de fondo, la defensa de los concejales, es compartido. Caldera se reunió ayer mismo con el portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, mientras que De Grandes lo hizo con el dirigente de CiU, Xavier Trias.

Ya en el pleno, De Grandes defendió la proposición: 'Esta ley es garantía de la libertad'. El socialista Álvaro Cuesta incidió en que esta reforma pretende superar la 'dificultad de confeccionar candidaturas en el País Vasco y Navarra' porque ETA y Batasuna, con sus amenazas, 'tratan de ahogar la voz y dejar sin representación política a miles de ciudadanos representados por los concejales del PP y PSOE'. Manel Silva, portavoz de CiU, defendió la reforma, aunque advirtió de que discrepan del apartado por el que se reserva al Gobierno la capacidad de disolver ayuntamientos. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, dio su apoyo crítico y se extendió en descalificar el método de elaboración de la reforma entre el PP y el PSOE. 'Ha llegado la hora de los grandes consensos', sentenció. José Antonio Labordeta (Chunta Aragonesista), Guillerme Vázquez (Bloque Nacionalista Galego) y José Núñez (Partido Andalucista) también votaron sí.

Josu Erkoreka (PNV) argumentó que los peneuvistas no iban a votar en contra: 'Sería negarnos a nosotros mismos'. Esta proposición, recordó, recoge buena parte de los acuerdos de la Mesa de Arkaute que protagoniza en Euskadi el Gobierno de Juan José Ibarretxe. Junto al PNV se abstuvo EA y ERC.