La Eurocámara exige al diputado de Batasuna que devuelva 58.000 euros
La justicia francesa investiga si su cuenta sirve para financiar a ETA
La Mesa del Parlamento Europeo, compuesta por el presidente, Pat Cox, y los 14 vicepresidentes, acordó ayer exigir al eurodiputado de Batasuna Koldo Gorostiaga que reintegre a esa Cámara 58.000 euros por considerar que les ha dado un uso ajeno al previsto en el reglamento. En concreto, la justicia francesa investiga si fondos procedentes de su cuenta, que le fueron intervenidos el pasado marzo al tesorero nacional de Batasuna, Jon Gorrotxategi, han sido utilizados para financiar el terrorismo de ETA.
La decisión de ayer se apoya en un informe encargado al secretario general del Parlamento Europeo, y fue tomada tras haber escuchado la versión de Koldo Gorostiaga. La Mesa acordó además encargar una auditoría externa sobre el destino de todos los fondos que Gorostiaga ha recibido de la Eurocámara, así como preguntar a las autoridades francesas sobre los trámites que afectan al dinero que la policía de ese país incautó al tesorero nacional de Batasuna y que, según éste, procedía de la cuenta de Gorostiaga.
La iniciativa de abrir una investigación respecto al presunto destino delictivo que el eurodiputado de Batasuna ha dado a ingresos recibidos de la Eurocámara fue presentada por los portavoces de los Grupos Popular y Socialista, Gerardo Galeote y Rosa Díez, respectivamente.
El tesorero y miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, Jon Gorrotxategi, y el informático de esa formación política Mikel Corcuera fueron detenidos el pasado 22 de marzo por la Policía francesa cuando viajaban con unos 200.300 euros en metálico, según fuentes de la investigación. El arresto se produjo en Valenciennes, a unos diez kilómetros de la frontera con Bélgica, de donde procedían. Los dos miembros de Batasuna declararon que el dinero procedía de una cuenta corriente de Gorostiaga.
La juez Laurence Le Vert imputó días después el cargo de 'financiación del terrorismo' a Gorrotxategi y a Corcuera, utilizando para ello la nueva legislación antiterrorista, endurecida notablemente en noviembre pasado.
Según esa nueva legislación, constituye 'un acto de terrorismo' el hecho de 'financiar una actividad terrorista proporcionando, reuniendo o gestionando fondos, valores o bienes, cualesquiera que sean, o dando consejos para este fin'. A la acusación de financiación del terrorismo se añadió las de 'asociación de malhechores con fines terroristas' y la de 'omisión de declarar' a la Aduana los 200.300 euros que transportaban en efectivo.
