La juez francesa procesa al tesorero de Batasuna también por financiar el terrorismo

El tesorero de Batasuna, Jon Gorrotxategi, y el empleado de ese partido Mikel Corcuera, han sido procesados por financiación del terrorismo por la justicia francesa, en relación con los más de 200.000 euros que transportaban a Francia el pasado viernes desde Bélgica, han confirmado fuentes judiciales.

El delito de "financiación de una actividad terrorista mediante suministro, reunión o gestión de fondos", que les ha sido imputado hoy, fue introducido en la legislación francesa tan sólo a mediados del pasado mes de noviembre.

Por tanto, es la primera vez o una de las primeras veces en que este cargo es formulado en un sumario en Francia, recalcaron las fuentes.

Además de este delito, Gorrotxategi y Corcuera también fueron procesados el martes por asociación de malhechores con fines terroristas y por delito aduanero, ya que está prohibido entrar en Francia con más de 7.622 euros en efectivo, sin haber hecho una declaración previa a las autoridades.

Origen de los fondos incautados

Los cargos formulados reflejan las sospechas de la justicia gala sobre el origen real y el destino de los fondos, incautados al tesorero y al empleado de Batasuna cuando fueron detenidos por agentes de Aduanas el pasado viernes cerca de Valenciennes (norte de Francia), tras cruzar la frontera en coche desde Bélgica.

Los fondos procedían de la cuenta del eurodiputado de Batasuna, Koldo Gorostiaga, e iban destinados a actividades políticas de esa formación, según declararon los dos acusados y el propio Gorostiaga, quien afirmó ante la prensa que el origen del dinero es "legal", "transparente" y "verificable" y procede de "ahorros" sobre montos percibidos como miembro del Parlamento Europeo por varios conceptos.

La juez antiterrorista Laurence Le Vert que procesó a Gorrotxategi y Corcuera por los tres cargos mencionados, tal como había pedido la Fiscalía, dictó su puesta en libertad bajo control judicial, e impuso al primero una fianza de 10.000 euros, que deberá abonar antes del próximo 15 de abril.

El control judicial prohíbe a los dos acusados salir del territorio español, mientras que la Fiscalía había pedido tan sólo que se les prohibiera entrar en Francia y Bélgica, salvo por necesidades de la justicia gala.