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Estrasburgo pide acciones contra EE UU por el veto citrícola

El Parlamento Europeo rechaza cambios en el protocolo de 1983

El Parlamento Europeo aprobó ayer por unanimidad una resolución en la que pide a la Comisión Europea que denuncie a EE UU ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por vetar las importaciones de clementinas españolas. También pide indemnizaciones para los citricultores afectados y rechaza el cambio de protocolo impuesto por EE UU a la entrada de cítricos españoles.

La resolución, a propuesta del grupo popular y consensuada con PSE, Izquierda Unitaria y los Verdes, se aprobó ayer en Estrasburgo por unanimidad. En el texto se insta a la Comisión Europea a que 'de no encontrar una solución inmediata', denuncie a los EE UU ante la OMC. En el debate previo a la aprobación de la resolución, el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, aseguró que la Comisión instará el procedimiento contra EE UU ante la OMC en breve si no hay acuerdo, si bien recordó que durante más de 15 años España ha exportado clementinas a EE UU y los problemas que han surgido se han resuelto rápidamente. La Comisión, en palabras de Fischler, entiende que 'una solución negociada sería lo mejor, pero si no se respetan los intereses españoles, la Comisión adoptará todas las medidas necesarias'.

El Parlamento se pronunció además en otra cuestión no menos significativa, en la que pide a la Comisión que 'no permita que el conflicto sea aprovechado por EE UU para cambiar el protocolo comercial vigente entre EE UU y España en perjuicio de los productores comunitarios', suscrito en 1983 y revisado en junio del año pasado. Esta declaración choca con el proceso de negociación que llevan a cabo en España el Ministerio de Agricultura y el sector para limar o suavizar el proyecto de protocolo que EE UU pretende aplicar a las importaciones citrícolas españolas, mucho más restrictivo que el de 1983. Las organizaciones agrarias se ha opuesto desde el principio al cambio de protocolo, pero han aceptado la propuesta del Ministerio de Agricultura de presentar una contrapropuesta como solución menos mala. El plenario insiste en su resolución en que el veto no es un problema fitosanitario, sino una barrera comercial y, por tanto, debe tratarse como tal.

Un tercer punto crucial para los productores españoles es la solicitud del plenario para que la Comisión Europea indemnice a los citricultores afectados por el veto 'entretanto no se resuelva el conflicto'. También pide, atendiendo a la solicitud de los socialistas europeos y de Izquierda Unitaria, la comparecencia del presidente del Consejo de Ministros de Agricultura, que ocupa ahora el ministro español Miguel Arias Cañete, para que informe al Parlamento Europeo de 'las propuestas e iniciativas impulsadas desde el Consejo para solucionar el contencioso e indemnizar a los productores afectados'.

'Si EE UU no atiende a razones habrá que presentar una denuncia', declaró el eurodiputado Salvador Jové, de Izquierda Unitaria, para quien la Administración española no ha actuado con suficiente celeridad dado que no notificó el caso a la Comisión hasta el pasado 14 de febrero. El eurodiputado popular Manuel García-Margallo insistió, no obstante, en que la Comisión tenía noticias del contencioso desde diciembre del año pasado. 'El incidente no es, además, un incidente aislado' sino uno más en la cadena que existen con este país, por lo que exigió 'el mismo rigor' que se está aplicando a los aranceles estadounidenses con el acero.

Ayudas pendientes

Intercitrus, organización que agrupa al sector citrícola español, se reunió ayer con el Ministerio de Agricultura para intercambiar impresiones sobre la propuesta que España llevará el 3 de abril a Washington para suavizar el proyecto de protocolo que la Administración estadounidense pretende imponer a las importaciones de clementinas españolas. También estaba previsto discutir en una segunda reunión con el ministerio posibles ayudas a los productores por las pérdidas que ha ocasionado el veto de EE UU. Esta reunión se desconvocó a última hora. El sector estima en 6.000 millones de pesetas las pérdidas (150 pesetas por kilo). La Consejería de Agricultura se había comprometido a pagar 100 pesetas por kilo y acerca del resto debía pronunciarse ayer el ministerio, que vuelve a retrasar la toma de una decisión.

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