España propone un banco de datos de la UE para controlar a manifestantes violentos

El Gobierno español ha lanzado una polémica iniciativa en la Unión Europea para crear un banco de información en el que estén incluidos los jóvenes sospechosos de participar en actos violentos durante las cumbres europeas como la prevista en Barcelona este fin de semana. La propuesta, que relaciona esas protestas con actividades terroristas, aboga por el intercambio de fichas o formularios sobre esos sospechosos, entre los que figuran 'personas con antecedentes judiciales en el ámbito del terrorismo' y otras que no tengan tales antecedentes. Francia ya ha expresado su resistencia al plan.

España ha planteado el mes pasado ese proyecto al denominado Grupo de Terrorismo, compuesto por responsables policiales antiterroristas de la UE, y concretamente pide la adopción de una decisión del Consejo de la Unión para crear 'un formulario tipo para el intercambio de información sobre incidentes cometidos por grupos radicales violentos con grupos terroristas'.

En el documento se asegura que, 'durante la celebración de distintos eventos y cumbres de la Unión Europea, se ha observado un aumento progresivo de acciones violentas y de vandalismo criminal protagonizado por grupos radicales extremistas que han ocasionado de forma clara situaciones de terror en la sociedad'.

'Estos actos vandálicos', agrega, 'han provocado notoria repercusión en los medios de comunicación y alarma en el ánimo de los ciudadanos de la Unión'.

A partir de esa afirmación, el informe señala que ese tipo de hechos los protagoniza 'un entorno difuso que se presenta bajo la cobertura de diversas pantallas sociales'. Y añade: 'Por entorno difuso entendemos aquellas organizaciones que, aprovechando la situación de legalidad de que disfrutan, realizan tareas auxiliares que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos propios de las organizaciones terroristas, ya reconocidas como tales dentro del seno de la UE'.

Para el Gobierno español, la creación de ese 'formulario tipo', que en definitiva daría lugar a un banco de datos aunque el término no se cita en ningún momento, constituiría 'un instrumento muy útil para la prevención, y en su caso persecución, de la radicalidad juvenil urbana de corte violento, cada vez más manipulada como un instrumento por las organizaciones terroristas para la consecución de sus objetivos criminales'.

Si estas frases pueden resultar polémicas, aún es más la siguiente: 'La información que se va a intercambiar será de las personas con antecedentes judiciales en el ámbito del terrorismo, si bien cualquier país, con arreglo a su legislación nacional, podría efectuar intercambios de información aunque dichas personas carezcan de tales requisitos'.

La única prevención figura en la frase siguiente: 'No se trata de informaciones referidas a personas que ejercitan sus derechos constitucionales de expresión y manifestación en estos eventos (...), sino de elementos que se integran en grupos perfectamente organizados y dirigidos por organizaciones terroristas, con el objetivo de conseguir sus propios fines de desestabilización y propaganda'.

Tras estos comentarios, la propuesta española incluye un proyecto de decisión del Consejo integrado por cuatro artículos en los que se recogen las citadas ideas.

En el artículo segundo, indica que, cuando se refiere al intercambio de personas que no tengan antecedentes 'judiciales', se trata de individuos de los que 'se tenga conocimiento de su relación con dichas organizaciones terroristas'.

La propuesta, presentada el pasado 13 de febrero, está siendo ahora analizada por los representantes policiales de los Quince y, de seguir adelante, será examinada después por los ministros del Interior de la Unión Europea.