Un informe de los rectores denuncia el 'privilegio' que da la LOU a la Iglesia

El dictamen encargado por la Conferencia de Rectores (CRUE) a un equipo de juristas (cinco catedráticos y otros cinco profesores) arremete contra la 'inconstitucionalidad' de la Ley de Universidades (LOU) en aspectos como el 'privilegio' que la norma da a la Iglesia Católica para la creación de universidades 'eludiendo la necesaria Ley de Reconocimiento' que deben cumplir el resto de las universidades privadas. Esta diferenciación supone la creación de un nuevo tipo de universidad, señala el informe, algo que implica 'la incursión por la LOU en la violación del principio constitucional de igualdad'.

Estos juristas explican que toda iniciativa de la Iglesia católica que tenga efectos civiles (como la creación de universidades que imparten titulaciones homologadas en todo el Estado español y no reconocidas, por ejemplo, sólo por el Estado Vaticano) debe reconocerse en igualdad de condiciones que el resto de las universidades privadas españolas.

El dictamen (disponible en www.crue.org) también hace referencia a la falta de protección de la libertad académica de los profesores de las universidades privadas, aspecto que queda desatendido, según el texto, al confundirse, en diversas cuestiones, la universidad privada con quien la ha creado, es decir, sus promotores. Entre ellas destaca que 'la omisión al régimen legal' de los órganos de gobierno de las universidades privadas deja 'en manos de la voluntad de sus fundadores (que redactan los estatutos) la forma de gobierno en los entes que crean'.

También resalta el informe la inconstitucionalidad de algunas competencias que la LOU otorga a los consejos sociales (los órganos de representación de la sociedad en las universidades), tales como la libertad de decidir los requisitos que deben reunir los estudiantes para proseguir sus estudios en la universidad, por ejemplo, las asignaturas que deben aprobar los alumnos de una carrera para pasar de un curso a otro. La anterior ley (la Ley de Reforma Universitaria) no otorgaba esta competencia al consejo social.

El informe destaca además la inconstitucionalidad de que haya representantes de la sociedad (entre los que puede haber políticos) con voz y voto en el órgano de gobierno de las universidades porque atenta contra la autonomía universitaria.

El dictamen critica también que la LOU deriva a reglamentos posteriores (por lo tanto, a la decisión del Gobierno) cuestiones que afectan a la autonomía universitaria, lo que es inconstitucional ya que 'desvirtúa' el cumplimiento del derecho fundamental que representa esa autonomía, según recoge la Carta Magna. Añade que estos aspectos podían y debían haberse recogido en la norma básica.

A la vista de este informe, la CRUE considera que sería muy positivo que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre estos aspectos, y así se lo ha comunicado a los grupos parlamentarios, informa Pilar Marcos. El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, señaló que el PSOE interpondrá un recurso de inconstitucionalidad a la LOU, recogiendo el análisis del dictamen y para 'defender la autonomía de las universidades y rechazar que haya discriminación positiva hacia la universidad privada frente a la pública'.