Balza revisará 'caso por caso' la seguridad de todos los ediles vascos amenazados

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, anunció ayer que su departamento tiene intención de revisar 'caso por caso' y consensuar con los partidos afectados la seguridad de todos los ediles amenazados por ETA. Ésta es una de las medidas que se discutirán mañana en la reunión de la Comisión Técnica de Seguridad en la que participarán todos los partidos, salvo Batasuna, con representantes de Interior de los Gobiernos central y vasco. Además, se analizará la conveniencia de reformar el Código Penal para encarcelar a quienes amenacen a ediles y de cambiar la legislación electoral para facilitar la confección de las listas municipales. 'Si ETA socializa el terror, debemos socializar la respuesta', dijo Balza.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron anoche que, pese a que Balza ha invitado expresamente al secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés, el ministerio que dirige Mariano Rajoy 'no ha decidido aún la persona que acudirá a la reunión'. En el encuentro en el que se decidió crear esta comisión, celebrado en Vitoria a iniciativa del lehendakari, Juan José Ibarretxe, el pasado 22 de febrero, el Ministerio del Interior delegó su representación en Enrique Villar, delegado del gobierno en el País Vasco.

Independientemente de la persona que finalmente represente al ministerio, Balza asegura que la comisión trabajará en 'el refuerzo de la lucha antiterrorista' desde un punto de vista integral. Es decir, además del 'necesario' chequeo personalizado de las medidas de protección, Balza quiere abordar, por ejemplo, la ampliación en 200 agentes de la Ertzaintza y la participación de la Policía Vasca en los equipos de coordinación creados por la Unión Europea a raíz del 11 de septiembre. Dos demandas que el Ministerio del Interior rechaza abordar en ese foro multilateral, ya que son competencia de la Junta de Seguridad, aún no convocada, o del propio Gobierno central.

Sobre la mesa estará también una batería de propuestas legales, planteadas por los socialistas en la última reunión del Pacto Antiterrorista, como la modificación del Código Penal para castigar con penas de cárcel a quienes amenacen a concejales o la reforma de la legislación electoral para facilitar la presentación de candidaturas en municipios donde el miedo puede dejar sin representación a los partidos constitucionalistas.

'Si ETA socializa y extiende el terror, todos debemos extender y socializar la respuesta', afirmó ayer Balza, tras reconocer que el acoso a los concejales socialistas y populares 'amenaza la existencia de la representación municipal; es decir, la esencia de la democracia'.

Amenazas en Andoain

Las amenazas cantro ediles y cargos institucionales del PSOE y PP se extendieron ayer al municipio guipuzcoano de Andoain. Esta localidad, una de las 17 gobernadas por Batasuna sin mayoría absoluta, amaneció con pintadas y carteles contra cuatro concejales del PSE-EE, dos del PP y la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta. En los carteles, escritos en euskera, se les tachaba de 'fascistas' y se les amenazaba con esta inquietante frase: 'Estáis muertos'.

Dirigentes de ambos partidos denunciaron esta campaña y exigieron a Ibarretxe que pase 'de las palabras a los hechos' en el apoyo a los amenazados. 'No podemos dejar pasar esto como si no sucediera nada', advirtió la presidenta del PP guipuzcoano, María San Gil.

El secretario general del PSE de Guipúzcoa, Manuel Huertas, consideró 'intolerable la impunidad con que actúan los fascistas' e 'increíble' que, pese a la frecuencia con se producen las amenazas e intimidaciones en Andoain, 'no haya habido ninguna detención'. Huertas agregó que 'los lamentos ya no sirven' y las 'llamadas a la ética,' en alusión a Ibarretxe, 'resultan insuficientes si no van acompañadas de medidas firmes contra quienes delinquen'.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el responsable de Política Municipal de la ejecutiva federal, Álvaro Cuesta, y el diputado Alfredo Pérez Rubalcaba se reunirán hoy con los miembros de la comisión gestora del PSE para recibir de viva voz el diagnóstico crudo de la situación de sus concejales en el País Vasco.

Los socialistas no quieren ofrecer detalles que pongan en mayor peligro a sus ediles, pero reconocen que su desprotección es dramática, incluso desde un punto de vista material, pues el PSOE carece de medios para facilitarles una seguridad eficaz. Un estudio realizado por el partido evalúa en 2,5 millones de euros el coste de las medidas necesarias para cubrir mínimamente su protección.