Zapatero propone que se castigue con prisión a los que amenacen a concejales

El PSOE someterá hoy a la consideración del Gobierno y del PP, en la reunión del Pacto contra el Terrorismo y por las Libertades, nueve propuestas en defensa de los concejales en el País Vasco y de la 'democracia municipal' en esa comunidad. José Luis Rodríguez Zapatero propondrá penas de prisión para quienes empleen la fuerza o la intimidación para impedir a los ediles desarrollar su trabajo. El PSOE pide a los gobiernos central y vasco la revisión 'caso a caso' de la seguridad de los actuales concejales, sus propiedades, locales y de las condiciones materiales y personales en las que ejercen su trabajo.

0Desde hace cuatro semanas el líder del PSOE ha insistido en la necesidad de tomar medidas para reforzar la seguridad de los concejales del País Vasco y crear las condiciones, legales y materiales, para que la deserción de los representantes socialistas y populares no continúe por mor de las continuas coacciones de los terroristas. El Gobierno consideró en un primer momento que la reunión no era urgente y, tampoco, se mostró proclive a escuchar medidas 'de excepción'. En las últimas horas, sin embargo, el PP ha cambiado sensiblemente su posición y sí estima del máximo interés e importancia la reunión de hoy, aunque no ha especificado si la trascendencia se basa en las iniciativas del PSOE o en las suyas de las que, al menos hasta ayer a media tarde, los socialistas no tenían conocimiento.

Pero el líder socialista no hizo la menor crítica a esta circunstancia sino que insistió en la prioridad de defender y amparar a los concejales y no enredarse por cuestiones 'de forma'. Se mostró, eso sí, completamente receptivo a las medidas que hoy presente el Ejecutivo. Pero su comparecencia de ayer, tras la reunión de la ejecutiva, fue para presentar las suyas; nueve propuestas y 'alguna más' que no quiso hacer pública hasta que no la conozcan hoy el Gobierno y el PP.

Los socialistas proponen modificaciones de naturaleza penal; en concreto la aplicación del artículo 504 del Código Penal para castigar 'con penas de prisión a quienes empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de las corporaciones locales asistir a las reuniones de sus corporaciones y desarrollar su trabajo con normalidad'. El citado artículo es ahora de aplicación a quienes calumnien, injurien o amenacen a los miembros del Gobierno, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, miembros de los gobiernos autonómicos y de los Tribunales Superiores de Justicia.

El resto de las modificaciones legales afecta la Ley Orgánica Electoral General para que cuando las dimisiones de concejales produzcan el agotamiento de la lista, las vacantes las propongan los partidos afectados con nombres que no estuvieran previamente incluidos en las listas electorales. Esto se haría con el cambio del artículo 182 de esa ley en cuanto a la provisión de vacantes. Esa misma ley sería modificada para ampliar los supuestos de creación de Comisiones Gestoras en los ayuntamientos. Estas gestoras, que se convertirían en el máximo poder, se formarían por los partidos afectados por los supuestos de falta de ediles derivada de coacciones.

En el apartado de medidas de seguridad se dice: 'Revisar con los responsables del Gobierno de la Nación y del Gobierno Vasco, de forma individualizada, la seguridad de los actuales concejales, de sus propiedades y de los locales de sus respectivos partidos, así como las condiciones materiales y personales en las que ejecuten sus funciones en los Ayuntamientos'. Fuentes de la ejecutiva señalaron que de este punto pueden derivarse, si hay acuerdo con el Gobierno, ayudas económicas directas a los concejales si les resultan insoportables las medidas que deben adoptar para acudir a sus trabajos. Asimismo se propone la creación de sendas 'Mesas para la Seguridad en el País Vasco y en Navarra' con un comité técnico integrado por la Consejería de Interior y representantes de los partidos políticos. Las otras tres medidas se refieren a la creación de mesas, plataformas cívicas e iniciativas de apoyo público.

Pero hoy, además, el PSOE tendrán que opinar sobre la posible ilegalización de Batasuna, que plantea el Gobierno. Zapatero se mostró a favor de todas las medidas que acaben con la 'coacción y la amenaza, dentro del Estado de Derecho'. Pero espera a conocer la propuesta.

Todos en contra menos UA

En el País Vasco sólo Unidad Alavesa se mostró de acuerdo con la ilegalización de Batasuna, informa Isabel C. Martínez. El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, enmarcó las medidas en 'una estrategia de guerra'. 'Nos están lanzando un órdago' que, según dijo, su formación acepta. Ni el Gobierno vasco ni el PNV quisieron realizar ninguna valoración, hasta no conocer las propuestas concretas. Por contra, EA -su socio en el Gobierno- anunció que se situará 'radicalmente en contra' de medidas que persigan 'restringir las libertades'. Gaspar Llamazares (IU) dijo que sería 'de dudosa constitucionalidad' a la par que 'un gravísimo error político' porque cohesionaría y fortalecería al mundo radical. El Ejecutivo vasco mostrará su posición hoy, aunque fuentes de la presidencia reiteraron que la ilegalización de un partido 'compete a los jueces'. El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco y miembro de Gesto por la Paz, Txema Urkijo, habló de 'ataque a la libertad de pensamiento y de expresión política'.