Interior dará protección policial a todos los jueces y fiscales de Navarra

El Ministerio del Interior pondrá en marcha de manera inmediata un dispositivo de seguridad para que los 65 jueces y fiscales que prestan sus servicios en los órganos judiciales de Navarra dispongan de una protección policial individual homologable a la de sus compañeros de Euskadi. Así se lo comunicó ayer por la tarde el delegado del Gobierno en la Comunidad foral, José Carlos Iribas, a la delegación de jueces y fiscales navarros con los que se reunió en Pamplona para articular el plan de seguridad en la Justicia.

Según señaló Iribas al final del encuentro, la protección policial personal complementará el dispositivo de 'contravigilancia intensiva' que ya existía sobre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y de la Audiencia de Pamplona. El coste del dispositivo no se ha evaluado todavía y el delegado del Gobierno no aclaró si correrá a cargo de escoltas privados o agentes policiales.

Los jueces navarros solicitaron protección policial tras el asesinato por ETA del magistrado José María Lidón en Getxo (Vizcaya). Rafael Ruiz de la Cuesta, presidente del TSJN, señaló que el colectivo de jueces, magistrados y fiscales navarros 'seguirá en la brecha', a pesar del 'dolor por la pérdida de un querido compañero' y de la 'cercanía de las amenazas terroristas hacia el poder judicial presente en lo que llaman Euskalerria'. Sin embargo, negó que en Navarra vaya a producirse una desbandada de jueces. 'El ánimo es bueno. No va a ver riesgo de desertización en los funcionarios de justicia en Navarra', añadió.

Sin exigencias de mejoras

En la reunión con los responsables de Interior estuvieron también presentes el presidente de la Audiencia de Pamplona, Fermín Zubiri; el fiscal jefe del TSJN, José María Félez; el juez decano, Joaquín Galve y el teniente fiscal, Javier Muñoz. Los jueces navarros no han planteado ninguna exigencia de mejora de sus actuales salarios o escalafón profesional como aliciente profesional. Tanto Iribas como Ruiz de la Cuesta coincidieron en señalar que el arraigo personal, social y profesional del colectivo de jueces y magistrados en Navarra es muy elevado. La mayoría lleva muchos años en Navarra y la incidencia de los traslados o las vacantes no es significativa. 'Ese problema no existe aquí, aunque se puede dar en el futuro si no se articulan garantías para afrontar estas amenazas terroristas', explicó Ruiz de la Cuesta.

En el año 2000 hubo que recurrir en Euskadi a 91 jueces sustitutos y 30 magistrados suplentes para cubrir vacantes en las 190 plazas que hay en la comunidad vasca. El pasado año se produjeron 19 vacantes en ella debido al tenso clima social y político. El Gobierno central ya financia la protección, con escoltas privados, de 150 concejales de UPN y Partido Socialista de Navarra. El costo del plan global para proteger a todos los cargos electos amenazados por ETA en Navarra, unas 600 personas, ascenderá a 4.000 millones anuales.