Legal, alegal, ilegal

El aspecto más problemático del paquete de medidas que prepara el Gobierno en relación al entramado que gira en torno a ETA es el de las reformas legales destinadas a favorecer la eventual ilegalización judicial de su brazo político, Batasuna. Lo delicado del asunto explica que quiera discutirlo hoy con el PSOE en el marco del Pacto Antiterrorista antes de llevarlo al Parlamento. Pero el método seguido para plantearlo -la filtración a algunos periódicos antes de comunicárselo a su interlocutor- es muy desafortunado.

ETA no es sólo sus comandos, según viene sosteniendo el juez Garzón y corrobora la experiencia de cada día. No sólo porque se cuenten ya por centenares los detenidos por actividades de la banda que son a la vez cargos públicos de ese partido; también por las evidencias, confirmadas a través de diversas resoluciones judiciales, de los vínculos entre la constelación de organismos legales o alegales de la izquierda abertzale y el proyecto de intimidación social que encabeza ETA. Incluso en autos que en parte contradicen resoluciones de Garzón -como el que en diciembre pasado ordenaba excarcelar a seis dirigentes del colectivo Ekin, supuesto organismo de dirección política del entramado- se confirma la existencia de indicios sobre la relación entre ese colectivo y la violencia callejera que 'justifican la imputación penal', aunque no el mantenimiento de la prisión provisional.

La constelación de organismos de la izquierda abertzale forma parte de un proyecto impositivo directamente relacionado con la acción de ETA. No es que ETA y Batasuna sean lo mismo, sino que ambas siglas forman parte de una estructura común, el MLNV, dirigido por ETA. La llamada Coordinadora Abertzale Sozialista (KAS) fue el cauce en el que la 'vanguardia armada' se relacionaba con el resto de organismos. Existen decenas de actas de esas reuniones publicadas en la prensa, libros y tesis doctorales que dejan escasas dudas sobre la relación de subordinación de esas organizaciones a ETA, incluso sobre asuntos como el boicoteo en unas determinadas elecciones o los criterios para la formación de las candidaturas.

El problema es que, además de brazo político de ETA, Batasuna es una expresión electoral votada por miles de ciudadanos y sus electos forman parte de los ayuntamientos y otras instituciones. Su ilegalización plantearía, por ello, arduos problemas en relación a la función de 'expresión del pluralismo político' que la Constitución atribuye a los partidos. La exigencia que ahora se invoca de que su organización y funcionamiento sean democráticos ya figura en la Ley de Partidos Políticos de 1978, lo que no impidió que el Tribunal Supremo ordenara en 1986, frente a recursos del Gobierno de entonces, la inscripción de HB (antecedente de Batasuna) en el registro de partidos.

Los dos firmantes del Pacto Antiterrorista (PP y PSOE) deberán hilar muy fino para acabar de encontrar una fórmula que, sin quebrar el principio pluralista, dificulte las ventajas que el mundo de ETA obtiene de la combinación entre actividad legal e ilegal que caracteriza su estrategia.