El PSOE pide que el Gobierno pueda disolver los ayuntamientos que apoyen al terrorismo

Los representantes del PP y PSOE en la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista han acordado hoy impulsar reformas legales para luchar contra el terrorismo y reforzar la seguridad de los concejales en una reunión en la que han constatado la "estabilidad" del pacto y la "fidelidad" a sus contenidos.

El PSOE ha propuesto que pueda ser disuelta una corporación municipal, por acuerdo del Consejo de Ministros, cuando ésta de cobertura o apoyo al terrorismo, enaltezca o justifique los delitos terroristas o menosprecien a las víctimas.

La propuesta formulada por los representates socialistas en la citada comisión consiste en: "Posibilitar la disolución de un ayuntamiento por resolución del Consejo de Ministros, previa audiencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma y tras ratificar esa decisión el Senado, no sólo en determinados supuestos que ahora contempla el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, sino ampliar esa posibilidad de disolver un ayuntamiento cuando por actos de los órganos de esa corporación local se de cobertura o apoyo o se enaltezca o justifiquen los delitos de terrorismo o a quienes participen en su ejecución o se menosprecie o humille a las víctimas de los delitos terroristas o a sus familiares o se impida a algún concejal el ejercicio de sus funciones o se perturbe gravemente el funcionamiento democrático de la corporación local".

Asimismo, han acordado impulsar la personación de los Ayuntamientos en causas penales por violencia o amenazas contra concejales, medidas jurídicas para garantizar la "intimidad" de los datos del Registro de Intereses y la posibilidad de que los interventores y apoderados sean no residentes.

"Recuperar la unidad de los demócratas"

En el documento que ha presentado el PP en la Comisión se establece la necesidad de "recuperar la unidad de los demócratas" y se destaca que "no es compatible la interlocución política con Batasuna por parte de quienes, simultáneamente, tienen la responsabilidad institucional de garantizar la seguridad y libertades de los mismos que sufren el acoso político de Batasuna".

Los populares destacan que el ejercicio de las responsabilidades de los cargos públicos "no puede suponer la semi-clandestinidad", por lo que la "denuncia de esta situación y la determinación de las medidas más adecuadas para terminar con ella deben ser la prioridad" no sólo de los partidos políticos, sino de toda la sociedad.

Para ello, el PP propone, entre otras medidas políticas, el compromiso de promover en el Parlamento vasco reformas legales para impedir que partidos políticos u organizaciones que apoyen la acción terrorista reciban cualquier tipo de subvención pública, para lo que se impulsará una proposición de ley en el Parlamento y una moción en todos los Ayuntamientos vascos.

También plantea la necesidad de aislar política e institucionalmente a Batasuna con la consiguiente "finalización de cualesquiera fórmulas de colaboración institucional (...) en particular en los Ayuntamientos", así como la determinación de presentar mociones de censura que desbanquen a Batasuna de los 17 Ayuntamientos que controla en minoría.

En el ámbito penal, el documento del PP propone la personación de los Ayuntamientos como acusación particular en procedimientos penales derivados de delitos contra concejales que supongan promoción o apología del terrorismo.

Además plantea la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral general (LOREG) para incluir entre las causas de inelegibilidad la condena por delito de amenazas, coacción o intimidación a contra concejales o por delito contra sus bienes.

Modificar la LOREG

En el ámbito electoral y local, los populares proponen varias modificaciones de la LOREG para flexibilizar el número de suplentes en las listas, permitir la posibilidad de nombrar vocales gestores cuando falten suplentes, establecer normas para la designación de gestoras y posibilitar la disolución de la corporación local y la convocatoria de nuevas elecciones en un sólo municipio.

En el apartado de las "actuaciones de apoyo político-social", entre las propuestas del PP destaca la creación de "equipos de apoyo multidisciplinar" para los concejales y sus familias, la creación de un fondo destinado a sufragar los gastos de seguridad con "aportaciones tanto de particulares como de empresas" y campañas de comunicación que fomenten los valores de la Constitución y la concienciación de la participación democrática activa.