Microsoft afronta su juicio por monopolio con la abierta oposición de nueve Estados

Acusadores y defensores en el complejo proceso contra Microsoft llegan por fin esta semana a la sala del tribunal en la que se decidirán en buena medida las normas del juego empresarial en el sector de la informática. Los fiscales de nueve Estados mantienen una oposición abierta al acuerdo extrajudicial alcanzado entre el Gobierno de EE UU y la compañía, pese a las concesiones de última hora de Microsoft para lograr su apoyo. La primera vista, con Bill Gates como testigo, determinará a partir del miércoles si un pacto extrajudicial beneficia al consumidor. La segunda ronda de sesiones comienza la semana próxima para fijar qué castigo se impondrá el gigante informático por prácticas monopolistas.

El laberinto judicial del caso Microsoft encuentra una puerta de salida en esas dos citas judiciales. Ahora mismo, la situación es la siguiente: un tribunal de apelaciones desestimó hace nueve meses la sanción impuesta por un juez de Washington que pretendía segregar la empresa de Bill Gates en dos compañías diferentes, una para sistemas operativos y otra para programas. Pero, al mismo tiempo, el tribunal de apelaciones confirmó el veredicto de culpabilidad; quedaba demostrado que Microsoft cometió delitos monopolistas en contra de la libre competencia al usar su poder para acaparar el mercado.

A partir de ahí, el caso cambió de manos y pasó a depender de la juez Colleen Collar-Kotelly, encargada de fijar una sanción rigurosa, pero no tan desproporcionada como la del magistrado anterior. Collar-Kotelly abrió el proceso a la opinión de expertos e impulsó los contactos para un acuerdo extrajudicial.

El pacto llegó, pero sólo parcialmente: el acuerdo lo suscriben Microsoft, el Departamento de Justicia de EE UU y nueve de los 18 Estados que se sumaron a la demanda. Los otros nueve se niegan a firmar el acuerdo, porque no creen que las sanciones recogidas en el texto sean suficientes para evitar nuevos desmanes monopolistas por parte de Microsoft. Entre los fiscales de la línea dura están los de los Estados con más peso en el sector tecnológico, California y Massachusets.

Supervisión independiente

Básicamente, el acuerdo que ofrece Microsoft obliga a la compañía a someterse a una supervisión independiente de sus prácticas empresariales. Los fabricantes de ordenadores y los consumidores podrán desinstalar productos de Microsoft contenidos en Windows con mayor facilidad y la compañía no podrá volver a exigir exclusividad en el software a los grandes fabricantes.

La empresa de Gates también tendrá que facilitar algunos capítulos del código fuente (el lenguaje de programación) de Windows para que otras empresas puedan desarrollar programas -sobre todo de Internet, audio y vídeo- tan compatibles con el sistema operativo como los que fabrica la propia Microsoft. La firma se compromete ahora a proporcionar un acceso equitativo a las tecnologías llamadas middleware, que básicamente facilitan la navegación por Internet, la mensajería instantánea y la reproducción de ficheros de audio y vídeo.

Ese acuerdo inicial ha sido retocado en dos ocasiones -la última, la semana pasada- para tratar de ganar el apoyo de los nueve Estados que mantienen su beligerancia judicial. Pero ni el Gobierno de EE UU -más benévolo en la era Bush con las grandes corporaciones- ni los defensores de Microsoft han conseguido llevar a su lado a esos nueve fiscales que piden más dureza en las sanciones a la compañía e insisten en que, para empezar, la empresa debe comercializar una versión de Windows sin programas adicionales, especialmente de acceso a Internet.

En las sesiones de vista oral la juez deberá decidir si el acuerdo beneficia o no a los consumidores. Sea cual sea el resultado, los nueve Estados disidentes podrán seguir adelante con su demanda, pero ningún tribunal estará de su lado si hay una sentencia firme que considere adecuado y suficiente el pacto extrajudicial que esta semana se somete a examen.