El tabaco, en el juzgado
La propuesta de Manuel Chaves, anunciada durante su investidura como presidente de la Junta de Andalucía, de demandar a las tabaqueras por el sobrecoste sanitario provocado por el consumo de tabaco, se formalizó ayer ante los tribunales. No es la primera vez que una demanda de este tipo llega a la justicia (existen varias pendientes de resolución presentadas por colectivos de enfermos operados de cáncer de laringe), pero sí es la primera que formula una administración pública, no sólo en España, sino en Europa.
En España, la legislación sobre el tabaco no es tan estricta como en EE UU, pero las recientes sentencias producidas en ese país, condenando a las tabaqueras a multas billonarias por manipulación informativa sobre los efectos del tabaco en la salud, no pueden dejar de repercutir en otros lugares. La globalización del negocio del tabaco, en manos de multinacionales que operan en todo el mundo, está produciendo una percepción judicial cada vez más homogénea sobre sus estrategias comerciales y publicitarias. La relación causa-efecto entre el consumo de tabaco y determinadas patologías -enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y cardiopatía isquémica- está médicamente probada, pero no existe, de momento, ninguna sentencia judicial que admita esa relación.
La demanda parte de más de un centenar de historias clínicas de pacientes tratados de patologías médicamente vinculadas al tabaquismo. Y calcula que ese tratamiento representa un sobrecoste para la sanidad andaluza de unos 50.000 millones de pesetas anuales. Pero quizás lo más interesante de la demanda -legalmente articulada sobre el concepto de responsabilidad objetiva, según el cual quien se enriquece causando daño a terceros debe pagar por ese perjuicio- sea su pretensión de demostrar que el tabaco tiene un componente no declarado oficialmente por las tabaqueras, el amoniaco, que aumentaría la absorción de nicotina y, en consecuencia, la adicción. Los niveles de nicotina y alquitrán reseñados en las cajetillas no corresponderían a los valores reales, según la demanda.
Si se desmostrara que también en España las tabaqueras ocultan información esencial al fumador, no cabría imputar a éste la entera responsabilidad por su adicción al tabaco, argumento al que suelen recurrir las tabaqueras para zafarse de demandas como la que acaba de presentarles la Junta de Andalucía.
