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El testimonio de 300 enfermos sustentará la demanda de la Junta contra las tabacaleras

El Gobierno autónomo calcula que el tabaquismo le cuesta 300 millones de euros al año

La suerte está echada. La Junta presenta mañana en Madrid la primera demanda de una Administración europea contra la industria tabacalera. 'Quien daña, debe pagar', argumenta la Junta, que ha diseñado su estrategia jurídica a partir de las historias clínicas de 300 enfermos con patologías vinculadas al tabaco. Además, la Administración andaluza pretende probar que el tabaco contiene sustancias no declaradas que matan, además de provocar adicción. No habrá una sola demanda, sino que éstas se irán sucediendo en función de la estrategia que adopte la industria para su defensa.

Cuando mañana, jueves, el Gobierno andaluz presente en un juzgado de Madrid la demanda contra Altadis, Philip Morris, Browuns Williams, JT Internacional y CITA (que comercializan el 95% del tabaco que se vende en Andalucía), se habrá iniciado un proceso que según el consejero de Salud andaluz, Francisco Vallejo, va a ser 'largo y muy complejo'.

La administración sanitaria andaluza ha evaluado estos gastos en 300 millones de euros al año. Según la Junta, la industria tabacalera fabrica y comercializa un producto que origina unos costes sanitarios que, en lugar de asumir como propios, deriva a la sociedad.

Varios equipos de juristas, médicos, epidemiólogos y técnicos en salud han indagado en la legislación comparada existente, y han contrastado la experiencia clínica en los hospitales para armar una argumentación jurídica que demuestre ante el juez que el Gobierno andaluz no se equivoca en sus pretensiones. La Administración puede actuar, dice la Junta, por derecho propio en este tipo de demandas y pedir resarcimiento a quien cause el mal, en la medida en que es responsable de la salud de los ciudadanos, además de correr -'por mandato constitucional', precisan los asesores jurídicos de la Junta- con los gastos que ocasiona el tabaco.

Además de los 300 enfermos que acudirán como testigos, la Administración andaluza presentará pruebas con 'datos irrefutables' de que hay componentes ocultos en el tabaco, no declarados, que constituyen un poder de adicción mucho mayor y por encima de los límites establecidos por las directivas europeas.

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