La plantilla de L'Aliança teme por el empleo y la viabilidad de la mutua
Críticas sindicales a la gestión de Carranza
El enfrentamiento entre L'Aliança y el Gobierno catalán, que le ha abierto una inspección por supuestas anomalías en su facturación, ha generado 'malestar' e 'inquietud' en la plantilla de la primera mutua de Cataluña (tiene más de 2.000 empleados), según los sindicatos. Por su parte, el comité intercentros del grupo L'Aliança reclamó ayer un 'plan de empresa creíble que garantice el empleo'.
La relación entre la mutua y el Gobierno de la Generalitat, que a raíz de la inspección extraordinaria le ha impuesto nuevamente medidas cautelares, como la tutela de cualquier movimiento de activos, toma cada vez más un cariz de lucha de poder.
El Consejo de Administración de L'Aliança acordó el pasado martes llevar al Gobierno catalán a los tribunales por supuesto intento de control de sus órganos de gobierno, cuando Sanidad considera que el director general de la entidad, Ramon Carranza, ya se ha hecho con todo. Economía eludió ayer elevar el tono de la afrenta, al menos en público. 'Hay que esperar a que termine la inspección antes de pronunciarse sobre la situación de la mutua o sobre las acciones de su director general'. El pasado martes, Carranza denunció por escrito en el Parlament la supuesta intención de la Generalitat de apropiarse de la mutua.
Las espadas en alto han pillado en medio a los empleados, que, al margen de la inspección por indicios de facturación irregular, están pendientes de un nuevo convenio. La vigencia del anterior terminó a finales de 2000.
La dirección de L'Aliança quiere negociar un convenio con cada uno de sus centros asistenciales. En este sentido, las condiciones económicas del pacto de eficacia limitada que en el hospital más emblemático de la mutua, el Sagrat Cor de Barcelona, ya han acordado la dirección de la mutua y el sindicato UGT (con un respaldo abrumador del 96% de la plantilla) han causado fricciones claras en la estrategia de unidad sindical.
Tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el comité intercentros del Grupo L'Aliança, donde están representados AMIC, CC OO, UGT (no de Barcelona) y USOC, subraya que la dirección debe sentarse a negociar con los representantes de todos los centros. El comité criticó la 'mala gestión' de Carranza y exigió un plan de empresa 'creíble y consensuado con todas las partes que garantice el empleo y la mejora de las condiciones laborales'.
Los empleados ven ahora 'cómo se agrava la incertidumbre' con un pulso entre el Gobierno de la Generalitat y la dirección de la mutua cuyas auténticas claves no acaban de comprender. 'Más que quién controle o deje de controlar la mutua, lo que importa es aclarar la gestión y que ésta aporte seguridad', señalaron fuentes de CC OO. 'Existe una gran preocupación por los puestos de trabajo por todo lo que ocurre', corroboraron fuentes de UGT.
L'Aliança cuenta con más de 2.000 trabajadores en el conjunto de sus centros. El hospital del Sagrat Cor de Barcelona, con cerca de 800, es el que aporta el grueso de la plantilla.
La mutua cerró el ejercicio del año 2000 con un beneficio de 1,2 millones de euros (unos 200 millones de pesetas). El año anterior se cerró con números rojos superiores a 20 millones de euros. L'Aliança considera que la reclamación por Sanidad de 9,6 millones de euros entregados a cuenta correspondientes a las liquidaciones de los años 1997 y 1998 pone en apuros la viabilidad de la entidad.
El consejero de Economía, Francesc Homs, ha subrayado que hará 'todo lo necesario para garantizar la continuidad de L'Aliança'.
'No entiendo el pulso'
Una de las voces inquietas que se han dejado oír sobre el futuro de la mutua es la de Miquel Esquirol, militante histórico de CiU que presidió L'Aliança entre el 24 de octubre de 1993 y el 28 de febrero de 1999. Es decir, le estalló en las manos la entrada en crisis de la entidad y vivió en primera línea el régimen de intervención que duró entre marzo de 1997 y el mismo mes de 1999. 'La entidad puede salir muy perjudicada de todo esto, pero no podemos hablar tanto de temor a una fuga de mutualistas, ya que de los más de 200.000 socios, el 40% son jubilados y ¿a dónde van a ir?', señaló ayer a este diario. Esquirol expresó su 'extrañeza' por el hecho de que ahora Sanidad reclame a L'Aliança 9,6 millones de euros por las liquidaciones de 1997 y 1998. La razón de su extrañeza, enfatiza, es que en esos años, de los 11 miembros del Consejo de Administración, seis habían sido nombrados por la Administración (el resto se repartía entre dos representantes de los sindicatos y tres miembros de la antigua junta de la mutua). 'La documentación y las cuentas fueron aceptadas entonces'. Esquirol, al que el Gobierno catalán exigió 'el inmediato relevo' de Ramon Carranza -a lo que se negó porque la petición se basaba en 'la pérdida de confianza personal' en el director general-, asegura 'no entender el trasfondo del actual pulso' y que nunca ha habido doble facturación. 'Si encuentran alguna anomalía, que le busquen otro nombre. Factura por paciente hay sólo una'.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
