Los militares venezolanos rebeldes niegan autoridad moral a Chávez

Escoltados por una nube de periodistas y de simpatizantes civiles que maldecían a Hugo Chávez, los dos militares alzados contra su presidencia acudieron ayer a sus respectivas armas para negar que hayan cometido delito alguno porque la Constitución Bolivariana les permite expresar sus opiniones. El capitán Pedro Luis Flores quedó en libertad, aunque será sometido a un Consejo de Investigación castrense, que decidirá si se le sanciona.

'No me entrego, porque no soy un delincuente. Voy a dialogar', dijo el coronel Pedro Soto. Antes, sus abogados anunciaron que rechazarán ese tribunal, o un juicio militar, si las vistas no son públicas.

El oficial de la Guardia Nacional, de 35 años, y el jefe de aviación, de 48 años, que anoche permanecía despachando con sus superiores, se personaron por la mañana ante sus respectivos mandos antes de que se cumpliera el plazo de 72 horas dado para hacerlo. Cientos de personas, con gritos, cacerolas y pancartas, acompañaron a los dos militares hasta la Comandancia General de la Guardia Nacional y hasta la base aérea La Carlota, en las proximidades de Caracas. Varias autopistas de circunvalación fueron colmadas por miles de personas que batían cacerolas y bocinas contra las políticas y modos de Chávez.

También el oficialismo, compaginando los carnavales con la adhesión revolucionaria, se manifestó en una caravana automovilística de disfraces y eslóganes que recorrió varias calles sin encontrarse con sus adversarios. Pedro Vicente Soto y Pedro Luis Flores mantuvieron su rebeldía hasta el final, y una constante en sus declaraciones, y en las efectuadas por sus seguidores, fue denunciar las relaciones de Chávez con la guerrilla colombiana e identificar el rumbo del proceso venezolano con el cubano: 'Protestamos contra el Gobierno totalitario que nos quieren imponer, como Castro'. 'Chávez, vete a La Habana con tu novio Fidel', decía una de las pancartas.

Un teniente coronel, identificado como Hugo Sánchez, se sumará pronto a sus protestas, dijo Soto. Las frecuentes comparecencias del presidente en uniforme, sus invectivas contra la oposición y la ambigüedad de la Constitución aprobada en referéndum en diciembre de 1999, que incluyó las prioridades impuestas por la mayoría oficialista, al copo en la Asamblea Constituyente, constituyen ahora el arma arrojadiza contra el Gobierno. Sin un liderazgo claro, pero con un denominador común, sacar al comandante del Estado de Barinas del palacio de Miraflores, no cesan las concentraciones de repulsa. Las integran, sobre todo, la clase media, minoritaria en el padrón electoral, pero abrumadoramente influyente, la gran mayoría de los profesionales, y quienes, desde sectores más empobrecidos o desde la izquierda moderada, renegaron de Chávez al atribuirle la división nacional y ningún avance en el bienestar económico.

Los dos militares, y los coroneles y generales en retiro que les respaldan, sostienen que Chávez no tiene autoridad moral para condenarles porque desarrolla su proselitismo en traje de campaña y galones y utiliza a las Fuerzas Armadas, y sus instalaciones, en beneficio de su partido: el Movimiento Quinta República (MVR). La Carta Magna no establece taxativamente la subordinación de las Fuerzas Armadas a la legalidad vigente, representada por el Gobierno de turno, y en su artículo 330 señala que sus miembros tienen derecho al voto 'sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político'.

El artículo 328 precisa que 'en el cumplimiento de sus funciones, están al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna'. 'Nosotros sólo hemos llamado la atención sobre lo que está ocurriendo en Venezuela', justificaron Soto y Flores al descartar en su comportamiento parcialidad a favor de un partido determinado.