Anular a España como nación
El debate sobre el futuro institucional de la Unión Europea adquiere para España un relieve singular porque se solapa con el debate sobre la configuración del propio Estado. Así se refleja en un reciente documento atribuido al Ministerio de Administraciones Públicas sobre la participación de las comunidades autónomas en los órganos de la Unión Europea. De entrada, es llamativo que el documento considere -tal como consta en el título que lo encabeza y en repetidas alusiones del texto- que dicha participación plantea 'cuestiones técnicas'. Y, efectivamente, las plantea. Pero no hay referencia, en cambio, a las cuestiones políticas, que son las que un asunto como éste suscita en primer término. En todo caso, no sería admisible que se utilizara la invocación a la técnica para amparar una determinada opción política sobre el tema y cerrar el paso a otras alternativas que el debate público debe considerar sin exclusiones ni prejuicios.
No cuesta identificar la persistente confusión entre Estado y nación que aqueja al Gobierno del PP
Poco convincente parece, a este respecto, que entre cuestiones pretendidamente técnicas se incluya la afirmación de que la presencia de un representante autonómico ante los órganos de la UE 'podría debilitar, hasta anularla, la posición de España como Nación en el complejo ámbito de las decisiones comunitarias...'.
No cuesta identificar aquí la persistente confusión entre Estado y nación que aqueja al Gobierno del PP. Es tributaria de las tesis más rancias del nacionalismo -o, mejor, de lo que a veces he llamado nacional-estatismo- del siglo XIX: 'A cada nación un Estado y a cada Estado una nación'. La identificación de lo nacional español con lo estatal español que este texto del Gobierno presupone invalida recientes declaraciones del propio PP sobre la aplicación a España de una importada noción de 'patriotismo constitucional'. Si esta noción permite alentar una cierta posibilidad de terminar con la indisoluble asociación entre lo que es un Estado y lo que pueda ser una muy restrictiva concepción de la nación, no se entiende ahora que una definición institucional -la participación de las comunidades autónomas en las instancias europeas- pueda anular 'la posición de España como Nación' (en mayúscula en el texto). Una vez más, el subconsciente nacionalista parece traicionar a algunos patriotas constitucionales de nuevo cuño.
Pero es que la afirmación es igualmente poco sostenible cuando ignora la concepción constitucional de que las comunidades autónomas son también Estado. La participación en la UE de dichas comunidades no significa, por tanto, una participación al margen de o en paralelo a la del Estado: pueden incluso asumir la representación estatal en la forma concreta que determine nuestro derecho interno. A la vez, cuando el texto invoca que las relaciones internacionales son competencia del Estado, pasa por alto que la relación con la UE no es una tradicional relación de carácter interestatal o internacional. La integración de España en la UE comporta la integración en ella de todas sus instancias políticas, incluidas las comunidades autónomas. Se ha afirmado, en este sentido, que cuando las comunidades autónomas se relacionan con la UE no ejercen actividad internacional, porque ya no puede considerarse al Estado y a sus instituciones situados fuera de la UE y tratando con ella y sus órganos como algo externo, sino que el reino de España se ha integrado en ella.
Desde esta perspectiva, tiene escaso fundamento afirmar -como hace el documento- que España no puede admitir que un mandatario autonómico presida en algunos casos la representación española en el Consejo de Ministros de la UE -al modo alemán, austriaco o belga-, amparándose en que nuestro Estado no es federal. Un argumento que sólo se explica por la incapacidad de adoptar una visión dinámica y actualizada de lo que queda hoy del viejo concepto de soberanía.Es cierto -como señala el documento- que se requieren reformas de nuestro derecho interno para instrumentar la participación autonómica en la UE. Pero estas reformas -técnicas, si se quiere- deben partir de la voluntad política de hacer efectiva tal participación. Paradójicamente, es sugerente y prometedora la afirmación del documento del Gobierno del PP de que la presencia de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la UE exigiría una revisión constitucional. Esta revisión la hicieron hace pocos años los estados -Alemania, Austria, Bélgica- que confían a representantes de los länder o regiones la dirección de sus delegaciones en el Consejo de Ministros de la UE. Y la hicieron por exigencia de estas comunidades, que querían constitucionalizar su derecho a ello. Pero sólo una visión desenfocada de lo que es la UE y una idea administrativa de la naturaleza de las comunidades autónomas parecen descartar para el Gobierno del PP que normas o acuerdos de tipo interno puedan instrumentar la participación de nuestras autonomías en el Consejo de Ministros de la UE, tal como está previsto en el artículo 203 del Tratado de la UE.
En todo caso, la referencia del Gobierno a la necesidad de una revisión constitucional vendría a reforzar la tesis de que la integración de España en la UE tiene consecuencias que piden -en éste y en otros puntos- una reforma constitucional. Otro argumento, pues, para los que sostienen que la petrificación -o la fosilización, dirían otros- de la Constitución de 1978 es una forma poco inteligente de debilitarla ante dinámicas internas y externas que los constituyentes de 1978 no podían prever. De nuevo, la reforma constitucional asoma en la agenda política -y no meramente técnica- de la España del siglo XXI.
Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi y diputado de Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el Parlament.
