El fiscal pide que se archive la causa contra la CAF por delito ecológico

La Fiscalía de Guipúzcoa ha propuesto al Juzgado de Tolosa el archivo provisional del procedimiento abierto contra el director de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de Beasain, Andrés Arizcorreta, el alcalde de esta localidad, Jon Jauregi (PNV), y el director de Calidad Ambiental del Gobierno vasco, Tomás Epalza, por un presunto delito ecológico causado por la emisión durante varios años de humos contaminantes desde la planta de fabricación de material de ferrocarril. La petición del fiscal podría anticipar la resolución del caso.

La petición de la Fiscalía, sin embargo deja abierta la puerta a la reapertura de las actuaciones judiciales, si en un futuro se tiene conocimiento de que los humos presuntamente contaminantes emitidos por CAF durante varios años pudieron causar un perjuicio grave a la flora, la fauna o la salud de las personas, tal y como apunta el Ministerio Público en el escrito remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa.

Las defensas de los tres inculpados han recurrido el auto de procesamiento por el que se les imputaba un posible delito contra el medio ambiente. Éstas han demandado el archivo, en este caso definitivo, del caso.

La juez deberá pronunciarse ahora sobre ambas peticiones aunque, según fuentes jurídicas, la postura adoptada por la acusación pública, la única existente, anticipa de alguna forma la resolución del caso. La titular del juzgado podría también desestimarlas y continuar adelante con la causa abierta.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Guipúzcoa abrió en 1999 una investigación, después de que el entonces alcalde de la vecina localidad de Ordizia, Juan Vicente Erauskin, interpusiera una denuncia por la posible emisión por parte de CAF de humos supuestamente contaminantes, que llegaban desde la planta de Beasain como consecuencia de los vientos dominantes en la zona. Un año después de la denuncia, en agosto del año 2000, CAF puso en marcha una depuradora en el horno de arco eléctrico utilizado para fabricar acero, de donde presuntamente provenían los gases contaminantes, a fin de reducir su impacto nocivo. La colocación de la depuradora se produjo, sin embargo, varios años después de que la empresa se comprometió ante el Ayuntamiento de Ordizia a instalar esta infraestructura.

Entre tanto, las diligencias del Ministerio Público continuaron y, en abril de 2001, interpuso una querella contra el director de la CAF, el alcalde de Beasain y el director de Calidad Ambiental del Gobierno vasco por un presunto delito medioambiental.

Salud humana

La Fiscalía incluyó en su escrito un informe del Seprona, el servicio medioambiental de la Guardia Civil, realizado en julio de 2000, donde se concluye que en Ordizia se registraron concentraciones de plomo, cobre, níquel y cinc que superaban los límites máximos establecidos en la legislación y, por tanto, se ponía en riesgo la salud humana y el funcionamiento del ecosistema. Las diligencias recogen también un estudio realizado por Sanidad del Gobierno vasco, que constató una mayor incidencia de enfermedades pulmonares en los habitantes de Ordizia durante las emisiones.

Según la querella de la Fiscalía, el director de CAF sería responsable un presunto delito ecológico porque, sabiendo desde hace varios años antes el riesgo medioambiental derivado de su sistema de fabricación de acero, hasta el año 2000 no instaló una depuradora en su horno de arco eléctrico. En el caso del alcalde de Beasain y del director de calidad Ambiental del Gobierno autónomo, la querella se fundamentó en la no aplicación de la normativa vigente para impedir que la empresa siguiera contaminando.

Tras conocer la querella interpuesta por la Fiscalía, el propio ex alcalde de Ordizia, Juan Vicente Erauskin, se mostró 'sorprendido' por la medida, pues, a su entender, el problema quedó resuelto cuando CAF instaló la depuradora. Los informes de Medio Ambiente constatan que, a partir de la colocación de esta infraestructura, los niveles de contaminación han bajado notablemente. Por su parte, el alcalde de Beasain insistió en que los últimos análisis ambientales de las emisiones de la acería de CAF efectuados desde agosto de 2000 se habían saldado con resultados 'muy positivos' y 'muy por debajo de los límites que establece la normativa medioambiental'.