Ibarra contra los terratenientes

En Extremadura tienen un nuevo motivo de gresca política, esta vez a cuenta de las subvenciones de la UE que recibe el campo. La realidad es que el 4% de las explotaciones se llevan el 40% de las ayudas que recibe la región, que en 2001 ascendieron a unos 588 millones de euros (98.000 millones de pesetas). Y buena parte de estos propietarios se ocultan detrás de sociedades y tienen su residencia fiscal en otros puntos de España (el 34% de los que cobran más de 150.000 euros, 25 millones de pesetas). Así que el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se ha comprometido a una iniciativa: si el Gobierno español no lo aplica en el resto del territorio, está dispuesto a promulgar una ley mediante la cual algunos terratenientes sufran una reducción de hasta un 20% de las subvenciones que reciben.

Si prospera la iniciativa, algunos propietarios verán reducidas sus ayudas en un 20%

Ese recorte se conoce como 'modulación' y se está aplicando en algunos países de Europa siguiendo recomendaciones de la UE. Y para llevarlo a cabo, Ibarra ha puesto a trabajar al Parlamento extremeño, donde se ha creado una singular comisión de investigación, por la que están compareciendo agricultores grandes y pequeños, terratenientes, ayuntamientos y sindicatos agrarios, pero también aristócratas, empresarios y hasta toreros. Incluso llegó a estar propuesta Carmen Sevilla para que hablara de sus famosas ovejitas. En medio de los citados, algunos comparecientes con cierto calado político, como el suegro del presidente del PP de Extremadura o la mujer del ministro de Agricultura. 'Esta comisión va a poner de manifiesto la defensa de los agricultores profesionales frente a los absentistas de toda la vida o de nuevo cuño', dijo Ibarra esta semana en una carta abierta. El debate está servido.

Pero el debate no es exclusivo de Extremadura, porque en España el 20% de las explotaciones se llevan el 80% del presupuesto de la PAC (Política Agraria Común). O lo que es lo mismo: 125 propietarios se reparten cada año más de 360 millones de euros (unos 60.000 millones de pesetas), según datos de UPA (Unión de Pequeños Agricultores).

Algunos de estos grandes agricultores son en realidad banqueros, constructores, empresarios de todo tipo o, simplemente, aristócratas. La cuestión es que las directrices que emanan de Bruselas permiten a cada Estado miembro moderar estas ayudas de tal forma que se les pueda deducir hasta un máximo de un 20% para dedicar ese dinero a otras cuestiones relacionadas con el desarrollo agrario. Y la modulación se reduce según ciertos criterios, siendo el más importante el de la creación de empleo: una gran finca que cree trabajo no tiene por qué ser 'modulada'. Este criterio se aplica en Francia, Portugal (desde el pasado 1 de enero), Reino Unido (de forma lineal) y algunos lander alemanes, pero el Gobierno español parece poco decidido a hacerlo, a pesar de existir una resolución del Pleno del Congreso de los Diputados de 11 de septiembre de 1999 que así lo solicita y de un informe del propio Ministerio de Agricultura del mismo año, elaborado junto a los sindicatos agrarios, que se muestra favorable a la medida. Es más, un año después, en un documento de la Comisión Europea se dice que 'las autoridades españolas han anunciado su intención de aplicar la modulación'. Desde entonces el Gobierno no ha querido saber nada del asunto. Según el Ministerio de Agricultura, 'el Gobierno no tiene intención de modular, salvo que se imponga desde la Comisión Europea, porque eso crearía distorsiones entre las comunidades autónomas'.

El asunto parecía haber quedado como una cuestión de consumo interno a la espera de que lleguen nuevas órdenes desde Bruselas, hasta que Ibarra ha dicho basta. Además, se había comprometido a ello en la última campaña electoral. Una acusación del PP sobre la percepción de una subvención por parte de un miembro del PSOE, como un coletazo más del triste asunto de los cazaprimas del lino, rompió la baraja. Ibarra anunció en público que Extremadura iría a la modulación y se montó una comisión de investigación en la Asamblea regional. En el ánimo de los socialistas estaba mostrar en público cómo algunas fortunas se aprovechan del campo, cobran subvenciones millonarias y apenas crean empleo. El PP habla de venganza utilizando el Parlamento. En medio del barullo apareció alguna que otra sorpresa: por ejemplo, que la mujer del ministro de Agricultura parceló una finca en nueve partes, cada una de ellas perteneciente a una sociedad distinta, hecho que el ministro señaló que era falso porque su mujer sólo es titular de dos parcelas.

Esta práctica no es ilegal, dice el PSOE, que aprovechó la ocasión para ponerla como ejemplo de lo que el PP propone para eludir una futura ley: la finca grande se divide en varias pequeñas y así se puede seguir cobrando. Esta práctica de repartir una parcela en varias sociedades ya se está empezando a notar en Extremadura, donde el número de fincas grandes se está reduciendo asombrosamente. Así, una sociedad titular de una finca que percibía casi 1 millón de euros en ayudas en 1998 consta ahora como perceptora de algo más de 60.000. Según el PSOE, Pilar Ayuso, eurodiputada del PP, ya indicó el camino cuando dijo que, de hacerse la modulación, 'haremos ricos a notarios y registradores'. Pero el debate no cesa y el PSOE puso otro ejemplo: un diputado regional del PP, Quintin Montaño, percibe 96.000 euros (16 millones) en ayudas por una explotación en la que él mismo reconoce que no crea ni un solo empleo fijo. 'El único fijo soy yo', dijo en el Parlamento.

Ambiente crispado

En ese ambiente ciertamente tenso, donde las acusaciones de caciquismo están a la orden del día, la comisión entró en su recta final la pasada semana, con la intervención de los propietarios de tierras, que fueron divididos en varios grupos según la cuantía de las subvenciones que recibían. Así, el primer grupo estaba formado por gente o empresas que perciben más de 100 millones. Esas primeras comparecencias no fueron muy felices y el número de ausentes fue muy superior al de presentes, lo que motivó un enorme enfado del presidente de la comisión, Antonio Olivenza, que volverá a usar 'toda la artillería legal' para obligar a que se presenten. No vino, por ejemplo, el torero José Mari Manzanares, pero sí su colega Ángel Teruel, quien no concretó si las seis familias que dice viven en su finca eran trabajadores fijos.

'No podemos dejar de regular las ayudas en un sector tan sensible', dicen en la Consejería de Agricultura. Andalucía y Castilla-La Mancha, las otras dos regiones con alto nivel de latifundismo, siguen de cerca lo que sucede en Extremadura.