Las familias que viven del 'salario social' han aumentado casi un 211% desde su creación

El Plan de Lucha contra la Pobreza, promovido por el ex lehendakari José Antonio Ardanza en 1989, supuso la implantación de un salario social para las familias carentes de recursos económicos, una medida inédita en ese momento en España. Doce años después, el número de familias que se acogen a esas ayudas ha crecido un 210,7%, pasando de las 4.196 contabilizadas en 1989 a las 13.039 del año 2000. La previsión del Gobierno vasco es que a lo largo del recién acabado año 2001 esa cifra haya llegado a las 15.000 unidades familiares. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, este tipo de renta es un derecho de los ciudadanos regulado por ley y no está limitada a cantidades presupuestarias, programas o plazos.

En la actualidad, el salario social garantiza unos ingresos mensuales equivalentes al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A lo largo del año pasado, la renta básica quedó fijada en 379,27 euros (63.105 pesetas) mensuales, lo que supuso un incremento del 24,19% con respecto al año anterior. Esta subida se debió a la aprobación por el Parlamento de la Carta Social, que, entre otras medidas contra la exclusión social, incluía este aumento en las retribuciones de la renta básica antes conocida como Ingreso Mínimo de Inserción. Para 2002, la cuantía mensual del salario social será de 386,93 euros (64.380 pesetas), que representa un 2% de subida.

Las familias pueden estar integradas por una o varias personas. En las de dos miembros, la cuantía crece un 25% y un 10% más a partir del tercer miembro. Ninguna familia cobra un importe superior al 125% del SMI, salvo en algunos casos.

El viceconsejero de Empleo e Inserción Social, Manuel Vigo, atribuye el aumento de los perceptores a dos factores: la mayor información de que dispone la sociedad al contar con una potente red de servicios sociales, y el decreto que permite a los mayores de 65 años cobrar el salario social si están recibiendo una de las pensiones más bajas de la Seguridad Social.

El Gobierno destinó el año 2000 (últimas cifras disponibles) 8.819 millones de pesetas a pagar el salario social a 13.000 familias sin recursos económicos. El viceconsejero de Inserción Social asegura que el número potencial de benecifiarios podría ser incluso mayor, pero que éstos no han solicitado la ayuda. A la renta básica hay que sumar otros 2.700 millones desembolsados para Ayudas de Emergencia Social, que cubren gastos de alimentación, vestido o vivienda y que a menudo complementan la renta básica que recibe una familia.

La intención del Gobierno es rebajar la edad de los perceptores de esta renta de los 25 años actuales a los 23. La medida, que podría entrar en vigor este mismo mes de enero o en febrero, abrirá la puerta a una importante bolsa de candidatos, según Vigo. Durante la legislatura pasada, el PSE llegó a proponer en el Parlamento que la edad bajase hasta los 18 años, pero el Partido Popular y el PNV se opusieron.

Otro de los objetivos que se ha marcado el Gobierno autónomo es incrementar progresivamente la cuantía de la renta básica hasta llegar al 86% del Salario Mínimo Interprofesional al término de la actual legislatura.

La mayoría, mujeres

Según un estudio realizado por el Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social, la mayoría de los perceptores del salario social son mujeres (cerca de un 70%). Ello confirma el cambio de tendencia en la exclusión social que ya venía apuntándose en los últimos años: mientras que en 1994 las bolsas de paro se concentraban en los jóvenes en busca de su primer empleo, ahora es la mujer (entre 25 y 44 años y con cargas familiares) la que más sufre el impacto del desempleo.

Por territorios, en Vizcaya es donde se concentra la mayor parte de las personas que perciben la renta básica. En el área de influencia del Gran Bilbao se concentra el 70% de los beneficiarios.

El estudio del departamento también analiza el grado de cronificación de los perceptores de estas ayudas, analizando la evolución desde 1996. Así, centrándose en el tiempo transcurrido desde la última vez que se accedió a la renta básica se puede comprobar que casi la mitad de los beneficiarios de la prestación durante el año 2000 (46,8%) accedieron a la misma hace tres años o más. Un 27,5% lleva entre uno y dos años cobrándola y una cuarta parte disfruta de la ayuda desde el último año (25,1%).

El viceconsejero recalca que el departamento se esfuerza especialmente en lograr la inserción social de las personas y colectivos que llevan más tiempo recibiendo la ayuda económica. Entre otras iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años para lograr este cometido sobresalen el programa Auzolan (trabajos en favor de la comunidad) y la promoción y apoyo hacia las empresas de inserción.

Precisamente, la orientación de la lucha contra la pobreza y la marginación en Euskadi experimentó un giro considerable cuando empezaron a aplicarse en el año 2000 los convenios de inserción. Estos convenios son suscritos por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos y las personas que pretenden beneficiarse de las ayudas. Esta especie de contratos pueden ser anulados si el beneficiario interrumpe su proceso de reinserción.

Se trata de que la persona que reciba la ayuda no adopte una actitud pasiva y se conforme con la prestación, sino que demuestre que se hace merecedor de ella intentando incorporarse al mercado de trabajo.

'Se trata de combinar las ayudas de carácter económico con medidas o programas laborales-formativos. De esta manera se facilitará la inclusión social', explica el viceconsejero. Este proceso se puso en marcha en plan piloto en tres municipios de la comunidad autónoma durante el año pasado: Tolosa, Getxo y Salvatierra. Estos ayuntamientos contaron con el asesoramiento de los equipos municipales de Vitoria, Bilbao y San Sebastián.

Aunque el estudio del departamento no precisa el número de personas a las que se les ha suspendido la ayuda por negarse a aceptar un empleo, sí refleja las principales causas por las que se causa baja en la prestación. El aumento de los ingresos por trabajo es la principal (un 68,7% de los casos), seguida de los cambios en la composición familiar (13,7%).

Según indica el viceconsejero de Inserción Social, la instauración del pago de un salario social nació alejada de cualquier planteamiento de tipo asistencial o de caridad. 'Se trata de una cuestión de solidaridad y de justicia', apunta. La iniciativa se ha ido extendiendo paulatinamente al resto de comunidades, aunque de momento el nivel de prestación más alto está en Euskadi.