Las FARC quieren sentarse en una Asamblea Constituyente

El proceso de paz reanudado ayer en Colombia incluye, como colofón, una Asamblea Constituyente que acometa las reformas sociales, económicas, políticas y militares reclamadas por las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para conseguir 'una paz con justicia'. Los rebeldes ocuparían un buen número de escaños a dedo, y ese acceso directo al poder político divide al país.

La cuestión divide a liberales y conservadores, las dos principales fuerzas nacionales, más atentas en algunos de sus flancos a intereses mezquinos que a razones de Estado.

El Gobierno, los rebeldes, diplomáticos de la ONU, de Cuba, Canadá y Suecia retomaron en la zona de distensión, a 700 kilómetros de Bogotá, las conversaciones que deberán haber redactado, antes del próximo lunes, un calendario que conduzca a acuerdos concretos sobre el alto el fuego, secuestros y ataques a la población civil. Caso contrario, el presidente, Andrés Pastrana, ordenará al Ejército el desalojo de la zona de distensión: los 42.000 kilómetros cuadrados cedidos a la guerrilla en 1998 para facilitar las conversaciones.

'Entramos en días importantes, críticos', declaró a un grupo de corresponsales James LeMoyne, el mediador de Naciones Unidas. La eventual convocatoria de la Constituyente se efectuaría sin detrimento de una agenda común que defina los cambios requeridos por un país castigado por las desigualdades sociales. La Asamblea figura en el Acuerdo de San Francisco, suscrito por las partes el 5 de octubre pasado, y que sirve de referencia a las vertiginosas negociaciones en curso.

Carlos Holguín, presidente del Partido Conservador, al que pertenece Pastrana, defendió la Constituyente ante el Congreso 'para que el próximo Gobierno (que asumirá en agosto próximo) disponga de una nueva herramienta'. El dirigente liberal Luis Guillermo Holguín niega legitimidad a la instancia 'porque no sería elegida por el pueblo, y porque un número de sus delegados sería elegido a dedo. Ésa es la intención del Gobierno'.

La Comisión de Notables que redactó el documento que sirvió de marco al Acuerdo de San Francisco propone un parlamento de seis meses de duración en el que estarían representados los diversos actores de la sociedad colombiana, desde empresarios a trabajadores o activistas de los derechos humanos. La guerrilla obtendría, según las diferentes propuestas, entre el 25% y el 50% de los escaños. Otra variante sería un referéndum para que se pronuncien sobre las reformas estructurales acordadas. Erráticas las negociaciones, dista mucho tiempo hasta llegar a ello. Los detractores de la Constituyente consideran aberrante que un grupo de alzados en armas determine la nueva Constitución, y pronostican que, en unas elecciones democráticas, las FARC, con 17.000 miembros, o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 7.000, serían avasalladas porque su desprestigio es enorme a pesar de sus enunciados justicieros. Los secuestros, la participación en el narcotráfico y los ataques contra la población civil avalan el criterio de los sondeos.

Imposible, al parecer, la derrota militar de los insurgentes. Quienes proponen la Constituyente subrayan que la legalidad vigente no ha sido capaz hasta ahora de solucionar un conflicto de 38 años de duración y que a diario alimenta los cementerios de Colombia. ¿Y los 8.000 paramilitares que combaten a la guerrilla? Pese a sus salvajadas, también estarían representados, porque un proceso sin la inclusión de todos fracasaría. 'No podemos distinguir entre delincuentes buenos y delincuentes malos', precisó Carlos Holguín.