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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El último ultimátum

¿Será cierto que el presidente Pastrana ha decidido poner fin a la charada más larga de la historia de Colombia, las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC? Quizá, pero en el país nada es seguro hasta que se cumple al menos un primer aniversario.

Unas conversaciones iniciadas el 7 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán, capital de un territorio como Extremadura que se le ha reconocido en usufructo a la guerrilla marxista -el despeje-, no han producido ni treguas duraderas, ni cese de los secuestros, ni humanización de la guerra. Y en octubre pasado, para probar que todo tiene un límite, Pastrana decidió extremar los controles terrestres y aéreos en la periferia y en los cielos del despeje para dificultar que la guerrilla utilice los cinco municipios en cuestión como base del suculento negocio del tráfico de drogas, y, en suma, para todo tipo de actividades delictivas. Las FARC adujeron esa presión para interrumpir todo contacto. Y a principios de este mes hubo, al fin, unas sesiones negociadoras tan inútiles como las anteriores, que han llevado a Pastrana a casi declarar terminado el proceso, así como a exigir a la guerrilla que en el plazo de 48 horas, que concluirían esta noche, abandone el territorio.

La cuestión de fondo es, sin embargo, que la guerrilla quiere liquidar el Plan Colombia, la ayuda militar norteamericana, y Pastrana no puede ceder en ese punto. Las apariencias, sin embargo, a veces engañan. Es obvio que el presidente tiene aún la esperanza de que las FARC digan 'bueno...', y se reanuden las conversaciones, porque el Ejército ya ha demostrado que carece de medios para liquidar militarmente a la guerrilla -aunque ahora reocupe la zona- y también porque en unos meses habrá elecciones presidenciales, a las que Pastrana ha de procurar que su candidato, el conservador, llegue en las mejores condiciones. Eso exige cerrar su presidencia con algo que mostrar a la opinión; al menos, una guerra más activa contra los insurgentes.

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Por eso, Bogotá debería estar hoy más cerca de una decisión histórica. Si en lo que queda de legislatura y quizá el comienzo de la próxima no hay por qué creer en la voluntad de negociación de la guerrilla, habría que pensar que sólo una reforma profunda del Estado puede darle al país los medios para acabar, política o militarmente, con la insurrección colombiana.

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