Privatizaciones, liberalización y geografía del poder económico en España

En las dos últimas décadas estamos asistiendo a una profunda modificación de lo que podríamos llamar la geografía del poder económico existente en España desde que, a mediados del siglo XIX, la aparición de la industria moderna hizo surgir una serie de áreas económicas y élites empresariales regionales sobre las que se articuló lo que hoy llamamos España. Hasta hace poco era una cuestión que se debatía en círculos académicos, pero ahora está encontrando formulaciones y apoyos de mayor proyección social y política. Un reciente documento del Círculo de Economía de Barcelona ha venido a dar carta de naturaleza a esta percepción. El eco que ha tenido en los medios de comunicación y el amplio apoyo que ha encontrado en las élites empresariales, sociales y políticas catalanas es como una fe de vida de la existencia de ese cambio. La convocatoria de una cena en Barcelona del presidente del Gobierno, José María Aznar, con un grupo de conocidos empresarios, a la que se invitó especialmente al presidente del Círculo, muestra que ese sentimiento preocupa al Gobierno, aunque no comparta el diagnóstico.

En esencia, ese cambio implica una redistribución del poder económico en beneficio de Madrid y en perjuicio del resto del territorio nacional, en particular de aquellas áreas geográficas que tienen como principal centro a Barcelona, Sevilla y Bilbao. Parece como si se estuviesen estableciendo las bases de un nuevo modelo de crecimiento, con un centro donde se concentrarían las decisiones económicas estratégicas y los servicios de alto valor añadido y una periferia donde continuarían localizadas las fábricas. Un proceso de esta naturaleza necesariamente provocará consecuencias importantes, aunque difíciles de predecir. En todo caso, no serán sólo de naturaleza económica. De la misma forma que las políticas económicas liberales de finales del siglo XIX favorecieron una entente entre las burguesías industriales y las corrientes del regionalismo y del nacionalismo, ahora este cambio en la geografía del poder económico puede alimentar de nuevo fenómenos de naturaleza política. Conviene, por tanto, pararse a analizar las causas que están detrás de este proceso y en qué medida puede hacérsele frente.

Lo que se quiere decir con el término 'poder económico' no está del todo claro. En cualquier caso, no se trata de que esté cambiando de forma significativa el peso de las distintas regiones dentro del PIB o de la renta nacional. Se refiere a aspectos más difusos, pero importantes desde el punto de vista de la toma de decisiones económicas relevantes. Citaré algunos ejemplos: el desplazamiento de sedes de algunas empresas regionales importantes como Sevillana o Fecsa-Enher; la localización en Madrid de prácticamente todas las nuevas empresas surgidas de la liberalización de las telecomunicaciones y de la televisión; el hecho de que todas las fundaciones creadas por las grandes empresas tengan su sede en Madrid; la ubicación de todas las nuevas agencias reguladoras; la tendencia de las grandes consultoras, los grandes despachos profesionales y las empresas de publicidad a trasladarse a Madrid; el diseño radial de toda la nueva red de infraestructura de transportes, y la decisión de construir un macroareopuerto central en perjuicio del resto, o, para no alargar la lista, la tendencia a llevar todo lo que funciona bien en la periferia, como algunas ferias, a Madrid.

Algunos pueden pensar que esta centralización económica es inevitable. Las fuerzas económicas y tecnológicas que impulsan la globalización favorecen a la vez la concentración económica. Pero las fusiones y adquisiciones en EE UU o en Europa no han significado en ningún caso que las nuevas empresas localicen sus sedes o sus centros de decisión en Washington o en Bruselas. No se debe identificar, por lo tanto, la concentración empresarial con la centralización del poder económico. Es necesario diferenciar esos dos procesos para comprender mejor por qué en el caso español se produce esa identificación.

Las privatizaciones y las fusiones en las que han participado las empresas privatizadas están siendo un factor que impulsa la centralización del poder económico. Pero nada obliga a que tenga que ser ése el resultado. De hecho, se puede impulsar la privatización sin fomentar la centralización. Un ejemplo de lo que pudiera haber sido es el caso de Seat. Una vez privatizada, el nuevo propietario, la alemana Volkswagen, trasladó la sede de la empresa desde Madrid a Barcelona, donde estaba el principal centro de producción. Por el contrario, cuando la privatización ha favorecido a grupos nacionales, el proceso ha funcionado en sentido contrario.

Pero una buena comprensión de las fuerzas que impulsan la centralización del poder económico requiere dar entrada en la narración a otros factores. La coincidencia en el tiempo de este proceso de redistribución del poder económico con la puesta en marcha del Estado de las autonomías abre el interrogante de en qué medida la autonomía política no está también detrás de este reequilibrio. Pero, dejando de lado en esta ocasión este factor, hay otros dos que claramente influyen en la tendencia centralizadora. Por un lado, el proceso de liberalización. Por otro, la nueva economía de los servicios, que ha venido a complementar la vieja economía industrial. Vayamos por partes.

La forma en cómo se ha llevado a cabo la liberalización de los mercados de servicios -en particular, los servicios públicos, como la telefonía, la electricidad, el gas o los transportes- ha contribuido de forma poderosa a generar una percepción de centralización del poder económico. En sí misma, la liberalización es una consecuencia positiva de la revolución tecnológica que se ha producido con la informática, la digitalización de las señales de voz, sonido e imagen y el desarrollo de las telecomunicaciones. Esta revolución ha hecho posible introducir competencia en actividades hasta hace pocos años consideradas como 'monopolios naturales', y en las que, por tanto, era mejor para los intereses generales la existencia de una sola empresa que varias compitiendo entre sí. Como nos muestra el ejemplo de EE UU, cuanto más liberalizada está una economía mayor número de regulaciones necesita. De ahí que la liberalización haya venido acompañada de la creación de nuevos organismos reguladores, como la Comisión del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Nada obligaba a que esta nueva administración reguladora estatal fijase su sede en Madrid. Al contrario, hay muchos argumentos extraídos de la teoría de la captura del regulador que aconsejan su localización lejos del poder político. Así ocurre en la mayoría de los países europeos. En Italia, la Comisión de las Telecomunicaciones está en Nápoles, y la de la electricidad, en Milán. En Alemania, la comisión eléctrica está en la pequeña ciudad de Eschborn; la de telecomunicaciones, en Bonn, y la del mercado de valores, en Francfort. Ese comportamiento descentralizador es el seguido también por la Unión Europea al decidir la localización de las agencias reguladoras comunitarias. Pero no ha sido así en nuestro caso. Lo más sorprendente no es que el resultado haya sido éste, sino que ni siquiera se haya planteado que pudiese ser de otra forma. Pero no hay por qué tomar esta situación como irreversible. Como ha ocurrido en algunos países, las propias comisiones o el Gobierno pueden decidir en cualquier momento un cambio de sede.

Algunos otros resultados de la liberalización muestran también ciertos sesgos centralizadores. Ha ocurrido con las nuevas concesiones a empresas de telecomunicaciones y de televisión, tanto terrestre como digital. Hubiese sido bueno para el equilibrio territorial a largo plazo el que alguna de esas concesiones hubiese permitido crear empresas de ámbito estatal localizadas en la periferia. Por otro lado, al calor de la privatización y la liberalización ha surgido un grupo emergente de nuevos empresarios, en muchos casos sin tradición previa en las actividades liberalizadas. En sí mismo este hecho no es malo. Ocurre en otros países y ha ocurrido en nuestro caso en el pasado. Lo objetable es que ahora haya beneficiado fundamentalmente a personas que se movían en el círculo de los negocios de Madrid.

Un factor adicional que parece estar empujando la centralización es la dinámica de la nueva economía. Da la impresión de que así como la economía industrial del siglo XIX y XX tendió a localizarse en la periferia, la nueva economía de los servicios que emerge a principios del siglo XXI tiende a localizarse en Madrid. Si es así, ¿a qué responde este comportamiento? En buena parte, puede ser debido a la permanencia en nuestro país de un estilo de hacer negocios basado en las relaciones personales y en el contacto directo. Las comidas y cenas de negocios siguen siendo elementos muy característicos de la cultura empresarial autóctona. Esta cultura favorece y hace muy útil la existencia de lo que podríamos llamar una 'corte de los negocios'. Si no perteneces o no eres asiduo lo tienes más difícil. El primer ejecutivo de una empresa de ámbito nacional, pero con sede en provincias, me comentaba que cuando le dicen 'te vemos poco en Madrid' sabe que tiene que aparecer más por las cenas y cócteles de la capital. Este comportamiento es un indicador indirecto de que muchas decisiones empresariales y económicas importantes dependen aún más del amiguismo y de la discrecionalidad política que de la lucha competitiva en mercados libres. Pero hay que ser optimista. Esta forma de hacer negocios irá poco a poco siendo sustituida por una filosofía de gestión y de toma de decisiones basada en el uso de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías tienen una elevada capacidad descentralizadora. Hay ejemplos magníficos. Uno es la gallega Inditex (Zara). Otro es la noticia de hace unos días de que Gas Natural acaba de vender por Internet su sede histórica en Barcelona. No es la nueva economía, sino la permanencia de una vieja cultura de hacer negocios y de la permanencia de una elevada discrecionalidad política lo que favorece la tendencia centralizadora.

La conclusión que se podría extraer de este relato es que las fuerzas económicas y tecnológicas que están detrás de la globalización y de la integración de los mercados introducen, ahora como hace un siglo, una fuerte tendencia a la concentración económica. Pero no hay ningún designio divino ni mano invisible que lleve a que esta tendencia a la concentración empresarial se identifique con la centralización del poder económico. El que eso ocurra depende fundamentalmente del juego de la política y de cómo se instrumenten las políticas públicas. Pero, en la medida en que el resultado de esas políticas sea el desequilibrio económico territorial, es muy probable que se generen dos efectos. Por un lado, la aparición de un sentimiento de agravio. Por otro, un cambio en el modelo de crecimiento y una pérdida de dinamismo de la economía nacional en su conjunto.

Desde el punto de vista de los efectos políticos, el agravio es una semilla poderosa que germina lentamente y bajo tierra, pero que acaba floreciendo con fuerza disruptiva. Dado que la vida política tiende a comportarse de acuerdo con una especie de ley de Gay Lussac social, el vacío dejado por esa pérdida de poder económico tenderá a ser ocupado por un mayor peso e intensidad de la reivindicación política. Desde el punto de vista de los efectos económicos, lo que tenemos que plantearnos es si queremos favorecer un modelo de desarrollo de estilo latinoamericano, donde un centro macrocefálico a modo de distrito federal domine sobre el resto del territorio, o un modelo europeo, de tipo alemán, donde varias ciudades dotadas de fuerte dinamismo compiten entre sí en beneficio del conjunto. Pienso que éste es un debate que no podemos omitir.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.