Un tribunal internacional para los países en bancarrota

Ahora que Argentina, en pleno torbellino político, ha dejado de pagar sus deudas a acreedores de todo el mundo, dichos acreedores se enfrentan a una decisión difícil: llevarse sus activos o aguardar a que les ofrezcan un acuerdo para el pago. El caos ha hecho que personalidades de la banca, el derecho y la universidad se pregunten si las cosas podrían haber acabado mejor de haber existido una tercera vía.

En especial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sugerido la posibilidad de ofrecer a los países, a través de un tribunal internacional, el mismo tipo de procedimientos de reorganización en caso de bancarrota con los que cuentan las empresas y los ayuntamientos en muchos países industrializados de Occidente.

La idea, que está en circulación desde hace al menos una década, reapareció en un discurso pronunciado en noviembre nada menos que por Anne Krueger, la número dos del FMI. Uno de los primeros en proponer esta posibilidad fue Jeffrey Sachs, el economista de la Universidad de Harvard famoso por su labor de asesoramiento a Rusia y otros países del Este de Europa tras la caída del comunismo. 'No se trata simplemente de unos economistas que proponen una de sus ideas raras', ha dicho recientemente Sachs.

En las tres últimas décadas ha habido una media de un país al año que ha dejado de pagar sus deudas nacionales. En algunas ocasiones, varias instituciones financieras importantes de EE UU y sus clientes han perdido miles de millones de dólares en carteras escalonadas que dependían en gran medida del alto rendimiento de los bonos de riesgo emitidos por alguno de esos países. Cuando se derrumbaron las carteras, arrastraron detrás a los mercados. Argentina debe 141.000 millones de dólares , sobre todo al FMI, el Banco Mundial, otros países y varios inversores institucionales. David Skeel Jr., un profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Pensilvania, opina: 'Al menos en teoría, esta idea de un tribunal internacional de bancarrotas parece totalmente lógica'.

Anne Krueger dice que uno de los motivos para resucitar la idea es la diversidad creciente de los acreedores. Las negociaciones entre países deudores y acreedores eran más sencillas, dice, cuando sólo estaban involucrados unos cuantos gobiernos y grandes bancos. Sin embargo, el escepticismo sigue muy extendido entre aquellos para quienes las crisis relacionadas con las deudas tienen repercusiones materiales, y no sólo teóricas. 'Por lo que a mí respecta, no tiene la menor posibilidad', afirma Hans Humes, socio directivo de Van Eck Capital y portavoz del Comité de Propietarios de Obligaciones Argentinas, un grupo de acreedores privados.

Walter Wriston -ex presidente de Citicorp Inc., que en una ocasión defendió los préstamos bancarios a países del Tercer Mundo con la famosa frase de que 'los países no van a la quiebra'-, coincide: 'Es una idea que, la verdad, no tiene ningún peso en el mundo real'.

Las tres fases del proceso propuesto por Sachs, y posteriormente por Krueger, siguen más o menos el procedimiento previsto en la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos. Primero, un país recibiría protección legal respecto a las deudas. Después, a medida que avanzaran las conversaciones para la reestructuración, un acreedor mantendría al país en cuestión provisto de dinero en efectivo a cambio de la devolución.

Rescatar a los países mediante la infusión de dinero, como hizo el FMI en Rusia con 22.600 millones de dólares, sale escandalosamente caro, en su opinión. Y dejar que el mercado aclare las cosas mediante acuerdos voluntarios entre acreedores y deudores, como cuando Ecuador dejó de pagar su deuda pública en 1999, tampoco ha funcionado, dice Sachs. 'La pelea en campo abierto -es decir, que lo arregle el mercado- no funciona', afirma.

Ahora bien, es indudable que conseguir que los países se avengan a prometer que van a ceder prácticamente todos sus derechos de soberanía es una tarea difícil. La idea de un tribunal de bancarrotas ya cuenta con cierto apoyo de responsables del Tesoro norteamericano, incluido el secretario, Paul O'Neill. 'Es evidente que se trata de una cosa que el secretario O'Neill mencionó hace ya varios meses', explica su portavoz, Tony Fratto, 'y que considera que debe ser objeto de una discusión importante'.