El negocio de los 'furgoneteros' y el trabajo de los menores de edad

El accidente ocurrido en Lorca hace un año fue el más dramático, pero no el único que afectó a inmigrantes sin papeles y menores de edad que trabajaban en el campo de la región durante 2001. Comisiones Obreras denunció ante la Inspección de Trabajo en el mes de julio otro suceso en el que resultaron heridos ocho ecuatorianos que viajaban en una furgoneta. Al igual que en el caso de Lorca, ninguno de los trabajadores disponía de papeles y, lo que es más grave, uno de ellos, José Sebastián CH. M., era un menor de 14 años. Otra semejanza con el siniestro de Lorca, donde uno de los supervivientes fue una adolescente de 13 años.

Los trabajadores regresaban a casa después de su faena en una finca de Yecla (Murcia). El conductor era un ecuatoriano que, sin embargo, no figuraba como propietario de la furgoneta ni como tomador del seguro. Para CC OO constituyó 'el típico y grave caso del furgonetero que transporta trabajadores inmigrantes irregulares a una finca que lo ha solicitado'. Tras reunir todos los datos, el sindicato logró construir una documentada denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Además, CC OO dispone de información, aunque incompleta, sobre otros dos accidentes de características similares. En esos casos también viajaban inmigrantes irregulares y, en uno de ellos, figuraba además un menor de edad entre los ocupantes.

Inversiones en transporte

Lejos de desaparecer la figura del intermediario laboral entre el empresario agrícola y los inmigrantes, Lola Jara, representante del citado sindicato, cree que en el último año se ha perfeccionado a través de la expansión a gran escala de furgoneteros: 'Gente que ha hecho verdaderas inversiones en la compra de numerosas furgonetas para hacer un gran negocio con el transporte de inmigrantes'.

La actividad de los intermediarios laborales en el campo murciano salió a la luz de la forma más cruda tras el accidente de Lorca en enero de 2001. Después de una denuncia presentada por los sindicatos UGT y CC OO, la Inspección de Trabajo abrió un expediente sancionador contra la empresa Greensol y su administrador único, Víctor Lirón, por contratar a 47 trabajadores irregulares, entre ellos los 12 ecuatorianos fallecidos en el paso a nivel de Lorca. De este modo, la Inspección reconocía la relación laboral entre la empresa y las víctimas, a pesar de que carecían de permiso de trabajo, y abría la puerta a la consideración del accidente de tráfico como un siniestro laboral ocurrido in itinere. Las familias de las víctimas, no obstante, optaron por un acuerdo extrajudicial con la compañía aseguradora de la furgoneta siniestrada, que les indemnizó con 260 millones de pesetas.