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Los padres del colegio de Valladolid con casos de cáncer deciden que sus hijos no vayan a clase la próxima semana

Los padres de los escolares del colegio público García Quintana, de Valladolid, entre cuyo alumnado se han registrado cuatro casos de cáncer infantil, no llevarán a sus hijos al colegio la próxima semana. En ese lapso decidirán si los llevan al otro colegio habilitado por la Junta de Castilla y León para impartirles enseñanza mientras un grupo de expertos independientes investiga el origen de los cánceres. Los científicos e ingenieros rechazan, en contra de los padres, la relación de los casos con las antenas de telefonía fija que hay junto al colegio público. La decisión, adoptada por la mayoría casi absoluta, se tomó en la noche de ayer en una asamblea que contó con cerca de 800 asistentes. Se vio alterada en dos ocasiones, una de ellas cuando los padres supieron que, mientras se celebraba la reunión, dos camiones pretendían llevarse los enseres del colegio.

Los progenitores aprobaron exigir el desmantelamiento definitivo de las antenas próximas al centro. También pidieron la reunión inmediata de la comisión de expertos, que incluye la presencia de representantes de los padres. La asamblea dio un plazo de cinco días a las autoridades para negociar dónde se escolariza a los niños.

Para el portavoz de la asamblea, Luis Martín, hay que determinar, en primer lugar, 'si existen riesgos sanitarios para nuestros hijos' 'De ser así, los primeros que abogaremos por un abandono del centro seremos nosotros', señaló. Martín volvió a recalcar que el traslado determinado por la Junta 'es un castigo, una represalia y un intento de desmantelar el colegio'. En la asamblea se informó de que el consejero de Educación, Tomás Villanueva, había aceptado mantener el traslado de los alumnos, pero no el de los enseres del colegio, con el fin de que la revisión del edificio sea exhaustiva.

La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, afirmó ayer que 'los científicos dicen que las antenas no son las responsables ', informa Leonor García. La ministra también pidió tiempo para que los expertos investiguen y defendió la actuación del Gobierno autónómico castellano-leonés.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de enero de 2002