El Defensor del Pueblo pide revisar la ley tras los casos de cáncer en un colegio de Valladolid

La aparición de cuatro casos de cáncer infantil en el Colegio Antonio García Quintanilla de Valladolid ha provocado el inicio de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al entender que las directrices establecidas en el Reglamento sobre emisiones radioeléctricas "pudieran no ser completamente eficaces para minimizar los niveles de emisión".

Según el Defensor, estos casos "obligan a replantear el marco en el que se deben desenvolver los principios de prevención y protección de la salud pública frente a emisiones radioeléctricas".

El Defensor entiende que las directrices del Real Decreto citado "pudieran no ser completamente eficaces para minimizar los niveles de emisión radioeléctrica sobre espacios sensibles tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos".

Asimismo, esta Institución ha solicitado información sobre las previsiones del Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer efectivo el mandato de limitación de emisiones por concentración de estaciones en un mismo emplazamiento y certificación y señalización de instalaciones autorizadas"

También se señala en la nota que el Defensor ha solicitado al Ayuntamiento de Valladolid que le informe sobre si las estaciones y antenas próximas al colegio Antonio García Quintana fueron instaladas con licencia municipal y sobre la existencia de una ordenanza municipal reguladora de esta materia en esta ciudad.

El comunicado recuerda que en diciembre de 1998, el Defensor inició actuaciones con la entonces Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento en relación con la posible incidencia sobre la salud de las estaciones, antenas y demás elementos utilizados por los distintos operadores de telefonía móvil.

Tales actuaciones, se añade, fueron concluidas con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una vez aprobado el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento.

Dicho Reglamento establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, en línea con lo establecido en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la UE de 12 de julio de 1999.

Cuatro alumnos en la reapertura

El Colegio García Quintana de Valladolid, en el que se han registrado cuatro casos de cáncer entre sus 450 alumnos, ha abierto sus puertas hoy a las 9.00 horas, aunque sólo cuatro niños han acudido a clase. La inmensa mayoría de los padres ha optado por esperar a los resultados de una "inspección sanitaria" del recinto que llevarán a cabo ellos mismos si la Junta no la acomete. Esta noche el Gobierno de Castilla y León aceptó la reapertura para no incurrir en desacato y cumplir lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Según ha explicado a la Cadena Ser un portavoz de los padres, los niños pasarán la mañana en un servicio de guardería habilitado en una parroquia cercana.

Los que sí han acudido al centro son los profesores, que estarán en las aulas del centro para impartir las clases, según ha anunciado esta noche el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Jesús García Galván.

García Galván ha asegurado también que el Gobierno regional "acepta repestuosamente" el auto judicial pero ha precisado que la Junta está "preocupada" por esta decisión judicial ya que las autoridades sanitarias no descartan que el origen del problema pudiera encontrarse en el propio centro.

Asimismo, el delegado de la Junta ha anunciado que el próximo jueves se reunirá la comisión de expertos sanitarios para realizar un estudio etiológico que determine las causas de la aparición de los cuatro casos de cáncer en el colegio. En este sentido, el consejero de Sanidad, Carlos Fernández Carriedo, se ha comprometido a realizar una inspección sanitaria en el colegio para determinar la salubridad del inmueble.

Revisión sanitaria

De no llevar a cabo la Junta esta revisión los padres de los chicos la emprenderán por su cuenta, según ha confirmado el portavoz de la coordinadora de padres y madres del colegio, Luis Martín, tras conocer la decisión de la Junta de acatar la decisión del Tribunal Superior de Justicia y suspender el traslado de los alumnos al Francisco Giner de los Ríos.

Luis Martín ha explicado que han contratado los servicios de un técnico con un contador para medir radiaciones y recoger tomas de agua, "algo muy simple que ya podía haber hecho la Junta de Castilla y León".

El portavoz ha añadido que lo que pretenden los padres con esta inspección es conocer, en un plazo máximo de dos días, si el colegio contiene algún factor de riesgo para tomar una decisión en uno u otro sentido, reanudar con normalidad el curso o buscar alguna solución alternativa.

En este último caso, Martín ha expresado su disposición a dialogar con las autoridades educativas para obtener resultados, "pero en ningún caso toleraremos imposiciones prepotentes y autoritarias".