Intelectuales y políticos intentan evitar que 17 portuguesas vayan a la cárcel por abortar

La eurodiputada comunista Ilda Figueiredo ha recabado ya más de 800 firmas de políticos, intelectuales y artistas de todo el mundo que apoyan la absolución de 17 mujeres portuguesas que podrían ser condenadas, a finales de enero, con penas de hasta tres años de cárcel por un supuesto delito de aborto en una clínica clandestina. La mayoría de ellas interrumpió su embarazo por dificultades económicas, psíquicas o personales. Una es madre de cuatro hijos, enferma, desempleada y abandonada por su marido; otra, una joven de 16 años que vive en una caravana con un hermano deficiente.

Este movimiento de solidaridad internacional con las abortistas se puso en marcha a finales de noviembre en colaboración con la plataforma portuguesa Derecho a optar que reúne a diversas asociaciones nacionales para la planificación familiar. La diputada Figueiredo inició la campaña en el Parlamento Europeo, donde se consiguió 'el apoyo de unos 60 eurodiputados de todas las tendencias políticas' y de ahí lo extendieron hasta América Latina, EE UU, África o Australia, no sólo entre políticos, sino también entre intelectuales, artistas o médicos. Entre los suscriptores de la campaña se encuentran el filólogo Noam Chomsky, la actriz alemana Hannah Shygula, el sociólogo francés Pierre Bourdieu o la cantante de ópera norteamericana Julia Migenes.

La actual legislación portuguesa permite el aborto en los supuestos de malformación del feto, violación y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, pero muchos médicos invocan la objeción de conciencia para no practicar estas operaciones en hospitales públicos y los realizan a precios exorbitantes en clínicas privadas. El resultado de esta situación es la práctica de miles de abortos clandestinos cada año, más de 20.000, se calcula, en lugares que muchas veces no cuentan con las más mínimas condiciones sanitarias, o el habitual traslado de centenares de portuguesas a clínicas españolas.

A iniciativa de las Juventudes Socialistas y con el apoyo de los comunistas, el Parlamento portugués aprobó en 1998 una ley que despenalizaba el aborto y ampliaba ligeramente los supuestos y plazos actuales. Sin embargo, después de una esperada victoria de los partidos de izquierdas, el primer ministro portugués, el socialista y católico practicante António Guterres, decidió convocar un referéndum de acuerdo con el entonces líder de la oposición, y sin consultar prácticamente con sus compañeros de partido.

La ausencia de campaña para el referéndum por parte de los dos principales partidos provocó la indiferencia de los portugueses, que castigaron la consulta con un 68% de abstención. A pesar de que el referéndum no fue vinculante (necesitaba al menos el 50% de participación), la ligerísima victoria del no (un 51,9%) motivó la renuncia de los socialistas, siguiendo a su líder, a tramitar una ley que ya habían conseguido aprobar en el Parlamento sin necesidad de consulta alguna. Los comunistas calificaron de 'escandaloso y absurdo' todo el proceso.

Tres años después, un Tribunal de Maia, una localidad próxima a Oporto, se dispone a dictar una sentencia que podría condenar a estas mujeres a penas de hasta tres años de cárcel. También está procesada la enfermera Maria do Céu Ribeiro (detenida el año pasado), a quien se le imputa la organización de esta red supuestamente ilegal de la que formaban parte médicos, ayudantes de farmacia, enfermeros y taxistas. En total, hay 43 imputados.

Concejal en los ayuntamientos de Oporto y Vila Nova de Gaia, diputada nacional durante 11 años y actualmente eurodiputada en Bruselas, Ilda Figueiredo considera que estas 17 mujeres son 'víctimas de una situación inaceptable e inmoral, que ya han sido condenadas a sufrir un proceso público debido a una de las legislaciones más atrasadas de Europa' en materia de interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, añade, el movimiento internacional de solidaridad puesto en marcha 'no sólo reclama la absolución de las procesadas sino también la reforma de las leyes portuguesas de forma que sea aceptado el cuarto supuesto, el aborto por razones económicas y sociales en las 12 primeras semanas de embarazo'.

El secretario general de la Asociación de Planificación Familiar, Duarte Vilar, ha explicado a este periódico que el proceso 'viene a demostrar la absoluta hipocresía que rodea este asunto' al estar en vigor una ley 'que permite las redes clandestinas y el envío a prisión de mujeres que abortan por razones económicas, sociales o personales'.

Figueiredo afirma que 'ya es hora de acabar con una de las legislaciones más atrasadas de Europa'. A su juicio, 'la reforma de la legislación debe ir acompañada de una mejora de la educación sexual, prácticamente inexistente en el país' y por cuyo motivo, explicó, Portugal tiene 'el más alto índice de madres adolescentes de toda Europa'.