Desencuentro final

El País Vasco parece adentrarse en el año 2002 sin la renovación del Concierto Económico y con la prórroga por segunda vez de los presupuestos del 2000, que fueron aprobados con el apoyo de HB. La normalidad que era de esperar tras las elecciones autonómicas del 13-M no acaba de asentarse en el ámbito político e institucional del País Vasco. La disparidad de criterios sobre el tratamiento del problema de la violencia sigue encizañando las relaciones de las fuerzas democráticas vascas, con grave repercusión en el funcionamiento de las instituciones, y la desconfianza mutua bloquea las posibilidades de entendimiento entre Vitoria y Madrid.

El empeño del Gobierno vasco en vincular una cuestión política -su presencia en las instancias europeas- a un asunto eminentemente económico y fiscal, como el nuevo Concierto que debe sustituir al vigente desde 1981, parece ser el escollo que obstaculiza el acuerdo. Su pretensión de hacerse oír en los órganos de la UE sobre sus competencias casi exclusivas en materia fiscal y tributaria está en la lógica de un Estado tan descentralizado como el español; no es una cuestión incongruente y artificiosa. Pero incluso si esa presencia no es directa, sino engarzada en la representación del Estado, como parece ser la última posición de Vitoria, la cuestión no puede abordarse con un mínimo de coherencia al margen de una fórmula global válida para el conjunto de las autonomías.

El Gobierno central tiene razones para resistirse a tratar esa cuestión por separado y remitirla a la conferencia sectorial para los asuntos relacionados con la Unión Europea. Pero debería mostrarse más diligente en resolverla, proponiendo fórmulas propias y no oponiéndose a las que plantean otras fuerzas políticas. La integración europea ha trastocado el reparto de competencias entre las autonomías y el Gobierno y es urgente encontrar un nuevo equilibrio que evite que la situación se pudra todavía más.

La prórroga por ley del Concierto Económico impide que a partir del 1 de enero quede en el aire, sin base legal que lo sustente, el entramado jurídico-tributario que permite a las haciendas vascas recaudar impuestos y disponer de los recursos obtenidos, pero no deja de ser una solución de emergencia. La prórroga no puede servir de coartada al Gobierno para no esforzarse en cerrar cuanto antes las negociaciones. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo vasco debería pensar si está justificado seguir supeditando el acuerdo al logro de un objetivo político que puede tener un tratamiento razonable en otros ámbitos y en otro momento.