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Bruselas lleva al Gobierno a los tribunales por desalentar la competencia a Telefónica

La Comisión considera que la operadora cobra una cuota de abono artificialmente barata

La Comisión Europea zanjó ayer uno de los largos litigios que mantiene con España por la liberalización de las telecomunicaciones. Después de tres años de advertencias, negociaciones y búsqueda de pactos, Bruselas ha optado, como amenazó, por llevar a España ante el Tribunal de Luxemburgo. Para los servicios de Competencia de la Comisión, la cuota de abono de Telefónica es demasiado barata y está por debajo de su coste real, por lo que debe 'reequilibrarse' inmediatamente, es decir, aumentar, para permitir la sana competencia.

Para España, la decisión de Bruselas no tiene sentido, ya que en abril se pactó una subida escalonada que terminará con esa situación en enero de 2003. 'Demasiado tarde', replican en la Comisión. Una cuota de abono por debajo de sus costes dificulta la entrada de los nuevos operadores. Sobre este principio, Bruselas viene promoviendo que las operadoras dominantes de cada país cobren lo que realmente cuesta esa cuota de abono.

En España, sin embargo, el Gobierno aprobó en 1998 una normativa que impedía a Telefónica ajustar dicha cuota, por lo que en diciembre de ese año la propia compañía denunció al Gobierno español ante Bruselas.

Desde entonces, las cosas han cambiado sustancialmente, pero no lo suficientemente rápido a ojos de la Comisión Europea. En abril pasado, el Gobierno pactó con Telefónica una subida progresiva de la cuota. Actualmente, dicha cuota es de 1.742 pesetas (más el IVA) y se elevará hasta las 2.100 en enero de 2003, lo que situará dicha cuota en su coste real. A cambio, Telefónica debería ir reduciendo el coste de las llamadas hasta un 15% en ese periodo.

El pacto supuso por parte de Telefónica la retirada de la denuncia ante Bruselas, pero la Comisión Europea no sólo mantuvo el expediente abierto, sino que en septiembre pasado ya advirtió a España de que llevaría el caso ante el Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, si dicho pacto no se revisaba.

Respuesta de Birulés

La ministra española de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, reaccionó ayer en Madrid tras el Consejo de Ministros insistiendo en que el reequilibrio ya está hecho, informa Efe. 'Los incrementos de cuotas de abono no son un elemento de mejora de la competencia', añadió Birulés. 'Los ciudadanos no entienden que, si se les suben los precios, van a tener mejor competencia'.

Telefónica cobra hoy a las demás operadoras un alquiler de 2.163 pesetas por línea por tener acceso al bucle local. 'Según nuestra propia contabilidad, es el precio real de ese servicio', explicaron ayer en Telefónica. 'Al Gobierno le pareció bien y a las otras operadoras también. A nosotros nos ha costado mucho dinero cobrar una cuota de abono por debajo de ese precio [casi un billón de pesetas en tres años, según la propia Telefónica], pero consideramos que no podemos subir la cuota de golpe. Es mejor hacerlo de forma progresiva'. En Bruselas, fuentes españolas indicaron también los efectos negativos que tiene una subida grande y repentina de la cuota en el IPC (índice de precios al consumo).

'Que la operadora dominante retire la denuncia no es razón suficiente para que nosotros dejemos de perseguir prácticas que dificultan la libre competencia', explicó ayer el portavoz de la Competencia de la Comisión Europea, Michael Tscherny, que considera que cumplir los plazos es una cuestión vital para cumplir con las reglas de un mercado que está formalmente liberalizado desde enero de este año. '2003 es demasiado tarde', apostilla Tscherny. La nota oficial de la Comisión hecha pública ayer dice: 'Según el derecho comunitario, el reequilibrio de las tarifas debía haberse llevado a cabo cuanto antes y, en todo caso, antes del año 2000. Por tanto, España lleva un retraso de más de tres años en el cumplimiento de sus obligaciones'.

Para Bruselas, es evidente que la cuota actual de Telefónica impide a las compañías competidoras 'presentar ofertas comerciales atractivas'. El caso español no es el único. Francia ya ha perdido un caso similar ante el Tribunal de Luxemburgo, mientras Italia y Alemania están siendo investigados por la misma cuestión. 'De momento, son los países en los que ha habido una denuncia', dijo ayer Michael Tcherny, 'pero la Comisión va a emprender acciones contra otros países en los que está ocurriendo lo mismo'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de diciembre de 2001