Un pacto tácito de no beligerancia

Telefónica ha dado un giro espectacular en su relación con el Gobierno como regulador desde que César Alierta asumió la presidencia de la compañía en verano del pasado año, abandonando el clima de enfrentamiento que rigió el mandato de Juan Villalonga al frente de la compañía y que le llevó a acumular más de 30 demandas judiciales contra otras tantas decisiones del regulador.

La mejor prueba de ese nuevo clima de relaciones -que no deja de causar malestar entre los rivales de Telefónica- se certificó en el acuerdo tácito al que llegaron la compañía y el Ejecutivo el pasado mes de mayo sobre el actual marco de tarifas, con vigencia hasta 2003, y que llevó a Telefónica a retirar su recurso ante Bruselas contra el Gobierno a propósito de su reivindicación más histórica: el reequilibrio tarifario.

Pero ese idilio fue más allá. Sorprendentemente, Bruselas rechazó en agosto el acuerdo tarifario y propuso otro que beneficiaba, en principio, a Telefónica.

Pese a ello, la operadora se alineó con el Ejecutivo español, dando por bueno el acuerdo de mayo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, competente en la materia junto con Economía, no dudó en utilizar en su respuesta al requerimiento de Bruselas este argumento: la mejor prueba de que el reequilibrio se había realizado bien es que Telefónica, la potencial perjudicada, estaba de acuerdo con la revisión.

La cuota de abono, lo que pagan todos los meses los más de 17 millones de abonados por disponer de una línea, es el principal ingreso de Telefónica de España, la filial que explota el negocio de la telefonía fija tradicional.

Sólo por este concepto, la compañía recaudó 510.688 millones de pesetas (3.069 millones de euros) en 2000, el 32% del total de sus ingresos.

Pero ese clima de no beligerancia se ha dejado traslucir en otros asuntos, como la reciente rebaja de la tasa radioeléctrica que pagan las compañías de móviles, y que llevó a Telefónica a desbloquear el pago de los casi 40.000 millones de pesetas correspondientes a este año.

Asimismo, el Gobierno ha liberado a Telefónica de sus compromisos de cablear con fibra óptica toda España, dando por buena la solución elegida por la compañía de extender la conexión a Internet a alta velocidad mediante el ADSL, una tecnología mucho más barata, ya que se soporta sobre la línea tradicional.