Un problema congelado en nitrógeno
Cada clínica de reproducción asistida lleva un registro cuidadoso -fecha de creación, nombre y dirección de la pareja progenitora y otros datos- de los embriones sobrantes que guarda congelados en sus tanques de nitrógeno líquido. Eso es todo. Ni el Ministerio de Sanidad ni ninguna otra instancia oficial compila un registro centralizado de esos datos. Y ello a pesar de que la Ley de Reproducción Asistida, en vigor desde 1988, obliga al Gobierno a 'la creación y organización de un registro nacional informatizado' de donantes de embriones.
Las clínicas en su conjunto, según las estimaciones de sus responsables, guardan congelados cerca de 40.000 embriones humanos. La ley prohíbe implantarlos en una mujer una vez que han transcurrido cinco años desde su congelación (unos 6.000 embriones están en esa situación), pero no ofrece ninguna alternativa: ni destruirlos ni cederlos para investigación. Las clínicas, simplemente, no saben qué hacer con ellos, y se han desgañitado pidiendo al Gobierno una salida legal, sin el menor resultado hasta la fecha.
Si en el futuro alguna proposición no de ley similar a la rechazada ayer acaba saliendo adelante, en correspondencia con lo recomendado por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida -el grupo de 25 asesores oficiales del Gobierno a los que todo el mundo parece escuchar menos el Gobierno-, la ley se reformará para permitir en ciertas condiciones la investigación con los embriones congelados. ¿Qué pasará entonces?
'Cuando la ley permita ceder los embriones para investigación, se precisará el consentimiento informado de la pareja progenitora', explica el secretario de la Asociación Española de Centros de Reproducción Asistida, Eleuterio Hernández. 'De otro modo, las querellas estarían aseguradas, a menos que la pareja hubiera muerto o no hubiera forma de encontrarla'.
Hernández, que también dirige la clínica FIV- Madrid, está escribiendo cartas a todas las parejas que conservan embriones en ese centro. Su resultado preliminar es que una cuarta parte de las parejas localizadas está de acuerdo en ceder los embriones para investigación. Otro 10% de parejas está ilocalizable. Cada pareja (localizable) paga unas 25.000 pesetas al año por los gastos de congelación.
Nadie pretende investigar con los embriones de forma descontrolada. La Comisión Nacional de Reproducción Asistida enumeró una serie de condiciones que, a su juicio, debería incluir cualquier reforma legal para permitir la investigación:
1. Los embriones deben tener menos de 14 días (todos los congelados tienen menos).
2. Los progenitores deben dar su consentimiento informado.
3. Se ha de haber descartado la implantación del embrión en una mujer.
4. Las investigaciones serán controladas por la propia comisión.
5. Los experimentos deben ser científicamente relevantes y carecer de interés lucrativo.
6. No debe promoverse la producción de embriones con la finalidad exclusiva de investigar.
7. Sólo deben usarse embriones que lleven congelados más de cinco años.
La inmensa mayoría de los 40.000 embriones conservados en las clínicas son inútiles para usarlos con fines reproductivos. No sólo porque la ley lo impida con los 6.000 que ya llevan más de cinco años congelados, sino porque ni la técnica ni la implantación humana natural son procesos eficientes. Entre el 70% y el 80% de los embriones humanos muere en el útero sin haber logrado implantarse, aun cuando su método de producción haya sido la muy ortodoxa y venerable copulación.
