Los coches fuera de uso se considerarán residuos peligrosos a partir de enero

La Unión Europea incluirá a partir de enero del próximo año a los vehículos fuera de uso entre los residuos peligrosos, según una directiva que el Gobierno debe incorporar a la legislación española antes de cuatro meses. Para preparar el terreno el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado un plan especial, preludio de un decreto en el que se regulará el sistema de recogida de estos vehículos y su reciclado. Fuentes del sector estiman que serán necesarios decenas de centros de recogida y fragmentación por toda España. Los fabricantes se harán cargo de ese coste a partir de 2006.

Países como Holanda, Austria o Suecia, han creado fundaciones para tratar estos residuos considerados 'bombas ambientales' qye se financian con el impuesto de circulación o un canon que el comprador paga al comprar el vehículo. La mayoría de los grandes fabricantes europeos ya han comenzado a librar grandes cantidades de dinero a cuenta para hacerse cargo de sus 'flamantes productos' después de 10 ó 15 años de vida. Sin ir más lejos, Volkswagen provisiona 80.000 millones de pesetas anuales para este fin, con la ventaja de que es un dinero que desgrava.

Pese a estas experiencias con eficiencia acreditada al norte de los Pirineos, en España han transcurrido más de cinco años en discusiones sobre qué modelo se va a aplicar. En enero de 1996, desde el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Cristina Narbona impulsó un acuerdo entre los representantes de todos los sectores implicados para cumplir unos objetivos de reciclado. El PP puso en marcha hace más de dos años un proyecto de decreto para trasponer la directiva que en este momento va por el quinto borrador, sin que aún haya salido a la luz.

A falta de ese instrumento legal el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado un plan 'que no compromete a nada ni a nadie', según Carlos Martínez Ordago, director del Club Español de Residuos. 'Es como una zanahoria, pero le falta el palo'.

El plan se fija el objetivo de reutilizar y valorizar (incinerar) al menos el 80% en peso de los vehículos usados antes de 2005 y el 85% para el 2006. En paralelo, para el año próximo se deberían depositar al menos el 80% de estos vehículos en centros autorizados de recepción y descontaminación (CARD), homologados por las autonomías. El plan dice que serán necesarios 1.085, así como tres fragmentadoras para descontaminar y desguazar el millón de vehículos anuales que se apartan de la circulación cada año. Para Miguel Ángel García Molina, director de Reciclauto Navarra, esa cifra de CARD es desorbitada; bastaría uno en cada provincia, habida cuenta del elevado coste de sus instalaciones.

García Molina desarrolla un proyecto piloto sobre descontaminación de vehículos usados subvencionado por la Unión Europea. Cree que los datos del ministerio procede de las estimaciones del sector del desguace, el más afectado por la directiva. Los desguaces mueven al año en la UE 3,1 billones de pesetas y, según los expertos, es un sector que se mueve en el filo de la legalidad y la economía sumergida.

Basado en el negocio de las piezas de segunda mano, ha dado tradicionalmente la espalda a conocer el destino de los aceites usados, PCB y los restos de fluidos de alto poder tóxico que acompañan a los vehículos. Generalmente se vierten al alcantarillado o al suelo. Según el ministerio existen 3.500 instalaciones de desguace ilegales y sin control ambiental. No llegan a una docena las homologadas por Aenor. Fuentes del sector apuntan a que el decreto recogerá un acuerdo tácito entre los fabricantes de coches y los desguaces, según el cual los desguazadores no les cobrarían nada a los fabricantes (deberían hacerlo) para no tener que cobrar al usuario por la entrega de su coche usado, aunque en muchos casos no puedan sacar de él nada rentable. El 86% de los vehículos fuera de uso españoles tienen más de diez años.