Reciclaje sobre ruedas

En Europa se retiran de la circulación unos diez millones de vehículos cada año, cómputo al que España contribuye con algo menos de un millón de unidades. En Andalucía, donde el parque móvil ha superado ya los tres millones de vehículos, quedan fuera de uso unos 150.000 turismos cada año.

La fórmula más extendida para deshacerse de un vehículo que ya no está en condiciones de circular es depositarlo en el clásico cementerio, instalación que, en la mayoría de los casos, consiste en un sencillo solar donde se van amontonando, sin mayores precauciones, los automóviles. En algunos casos se procede al desguace de las unidades para aprovechar sus elementos metálicos, aunque lo más común es ir retirando, poco a poco, las piezas en buen estado en función de las demandas del mercado. En Andalucía, según la Consejería de Medio Ambiente, existen unos 500 cementerios, situados en el entorno de los principales municipios, la mayoría de los cuales carece de las licencias y autorizaciones pertinentes.

Al margen de la chatarra, que se destina a fundiciones y acerías, el resto de componentes de un vehículo suele recuperarse de forma casi artesanal, lo que impide que se alcancen niveles de recuperación importantes. Al mismo tiempo, apenas existen mecanismos de control adecuados para aquellos elementos que tienen la consideración de tóxicos o peligrosos, como aceites lubricantes, ácidos de baterías o líquidos de frenos.

Despilfarro

Para evitar el despilfarro de estas materias primas y neutralizar el vertido incontrolado de aquellas sustancias que pudieran resultar nocivas para el medio ambiente, la Unión Europea ha establecido una directiva que regula el tratamiento de los automóviles fuera de uso. A partir del 1 de enero de 2003 será obligatorio depositarlos en los denominados Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación (CARD), instalaciones en las que se procederá a la separación de todos sus elementos, destinando al reciclaje aquellos que puedan ser recuperados, enviando a los gestores autorizados los residuos que precisen de un tratamiento específico y remitiendo a un vertedero controlado la fracción inerte de la que no pueda obtenerse beneficio alguno.

Se pretende con esta directiva que, en el horizonte del año 2005, sólo llegue a los vertederos el 15 % de la masa total que suman los vehículos retirados de la circulación, porcentaje que tendría que reducirse al 5% diez años después (en la actualidad, y como media europea, esta cifra supera el 25 %). No son metas fáciles ya que el reciclaje de algunos componentes (como los parabrisas, en los que se mezcla el vidrio con láminas plásticas) resulta complejo y caro. Además, no siempre el mercado aprecia y demanda estas materias recuperadas.

A pesar de las dificultades que habrá que sortear, la Administración andaluza ya ha dado los primeros pasos para cumplir la directiva. A finales del pasado año Medio Ambiente dictó una orden que regula la concesión de subvenciones destinadas a la creación de ocho CARD, uno por provincia. Las empresas que decidan introducirse en esta nueva actividad podrán recibir hasta 15,5 millones de pesetas. Durante este año está previsto habilitar nuevos fondos, ya que los cálculos de la consejería apuntan a la posible creación de 38 instalaciones de este tipo para cubrir las necesidades de toda la región.

Los CARD habrán de cumplir unos requisitos mínimos. Deberán disponer de una parcela vallada de, al menos, 5.000 metros cuadrados de superficie, con zonas de recepción, descontaminación y desguace. Para evitar filtraciones de sustancias contaminantes será imprescindible pavimentar e impermeabilizar los suelos sobre los que se depositen los vehículos. Asimismo, cada uno de estos centros ha de estar capacitado para procesar un mínimo de 2.200 vehículos al año, y no podrán ubicarse a más de 20 kilómetros de la capital de la provincia.

La desaparición de los cementerios y desguaces tradicionales será inevitable, ya que los CARD emitirán, para cada vehículo que se deposite en ellos, un certificado, documento imprescindible para poder dar de baja el vehículo. Al mismo tiempo, las empresas que utilicen materiales procedentes de automóviles fuera de uso tendrán que acreditar que estos proceden de los citados centros.

Al margen de las subvenciones establecidas para la puesta en marcha de los Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación, que se han previsto como una fórmula para incentivar la iniciativa privada, la Administración no tiene previsto asumir coste alguno en la actividad de este tipo de instalaciones.

Restando los ingresos procedentes de la recuperación y reciclaje de materiales, el tratamiento de cada uno de los vehículos puede suponer un gasto cercano a las 15.000 pesetas. Los fabricantes de automóviles ya han anunciado que no están dispuestos a asumir este desembolso, como han sugerido algunos parlamentarios europeos, sobre todo en lo que se refiere a aquellos vehículos fabricados antes de que la directiva entre en vigor.

Tampoco parece razonable que sean los usuarios los que tengan que pasar por caja, aunque todo apunta a que, finalmente, podría ser así. Los que discuten esta fórmula dicen que el último beneficiario de un automóvil suele ser el que menor poder adquisitivo tiene en toda la cadena de propietarios. Según un vehículo va cambiando de mano, el nivel económico de quien lo posee va disminuyendo y no sería justo gravar al que menos recursos posee. De esta manera, además, podría fomentarse el fraude.

En la actualidad, el tratamiento de vehículos usados es un negocio que en el conjunto de la UE mueve algo más de tres billones de pesetas anuales. En España se calcula que existen unas 3.000 empresas dedicadas a esta actividad, aunque la mayoría están lejos de poder cumplir las exigencias de la UE.

Las que decidan reconvertirse habrán de asumir importantes inversiones por lo que, en el caso de Andalucía, Medio Ambiente supone que podrían crearse, en algunos casos, agrupaciones de distintos empresarios para poder enfrentarse a la nueva situación.

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