Las consecuencias económicas de la secesión

Una reciente declaración del Círculo de Empresarios Vascos pide que 'se realice un análisis objetivo y serio de la gran interdependencia que existe entre las empresas y la economía del País Vasco y las del resto del Estado, así como del coste económico y social de las posibles alternativas'. Esta petición debería recibir una respuesta positiva por parte de los responsables políticos del País Vasco porque es una manera eficaz de dar contenido concreto a los conceptos abstractos de soberanismo, territorialidad, autodeterminación y autogobierno habituales en el discurso del nacionalismo. La realización de ese estudio facilitaría al Gobierno vasco una información indispensable, tanto para definir los objetivos de su acción política como, sobre todo, para explicar con seriedad a la ciudadanía vasca lo que está en juego en el movimiento hacia una eventual secesión.

Atendiendo la petición de los empresarios, los responsables políticos del País Vasco seguirían la pauta marcada por sus colegas europeos con ocasión de un movimiento de sentido inverso al de una secesión. En 1986, cuando decidieron lanzar el gran proyecto de pasar de una unión aduanera esclerotizada a la creación de un verdadero mercado único comunitario, encargaron a una comisión de expertos dirigida por Paolo Cecchini un estudio encaminado a estimar los costes que soportaba la Comunidad por no alcanzar el grado superior de integración que implicaba el mercado único. Esta comisión de expertos tenía que estimar lo que se denominó 'el coste de la no-Europa', o -visto desde el otro lado- tenía que estimar los beneficios que derivarían de la construcción de un genuino mercado interior para toda la Comunidad. Como es bien sabido, las cifras del estudio, publicado en 1988, fueron tan impresionantes que los responsables políticos europeos se movieron rápidamente hacia la realización de la unión económica y monetaria a partir de 1992, pudieron explicar a sus ciudadanos lo que estaba en juego con el movimiento hacia el mercado único y, con los años, vieron confirmadas sobradamente las previsiones sobre el crecimiento adicional que resultaría del mismo.

La apelación de los empresarios vascos a que el estudio sea 'objetivo y serio' no está fuera de lugar. El análisis de las consecuencias económicas de la secesión, sus costes y beneficios económicos, es un tema extremadamente delicado porque se ha de proceder a estimar los beneficios que el País Vasco deriva de su integración en los mercados españoles de mercancías, de servicios, de capitales, de trabajo, segmentos a su vez en gran parte del mercado único comunitario, y a estimar el 'coste de la no-España', los beneficios que la economía vasca perdería con la secesión. La validez de estas estimaciones dependerá del rigor en la selección de los escenarios que puedan dibujarse para la secesión, entre los que debe figurar el de un País Vasco que tenga que desenvolverse, al menos temporalmente, sin el estímulo que la amplitud actual del mercado proporciona a la eficacia productiva de sus industrias. En la realización de un análisis de esta naturaleza nada habría más estéril que su confusión con una acción política con contenido -digamos- exclusivamente 'patriótico' o abertzale.

Que esta estéril confusión es un peligro real en el País Vasco que se tiene que evitar puede ilustrarse, a modo de ejemplo, con las declaraciones del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, a un periodista polaco publicadas por EL PAÍS en extracto el pasado mes de agosto. Al ser preguntado acerca de lo que cambiaría si mañana el País Vasco se separa del resto de España, Arzalluz ha intuido correctamente la conveniencia, potencialmente muy fecunda, de referirse en su respuesta 'solamente a cosas prácticas' (trenes de alta velocidad, mercados exteriores, moneda común), pero al formular la respuesta ha sucumbido a las querencias del exclusivismo 'patriótico', tan fuera de lugar en el tratamiento de las 'cosas prácticas'. En este último aspecto, la respuesta del presidente del PNV se adorna con alguna inexactitud 'patriótica' sobre la economía de Euskadi (exporta fuera de España el 70% de su producción), acompañada de la pueril autoproclamación de la superioridad política e intelectual de los vascos y del excluyente lenguaje del 'no necesitamos a Madrid para nada'.

En el pensamiento del presidente del PNV parece hallarse implícita la idea de que la eventual secesión del País Vasco consiste en 'seguir todas las cosas igual que están ahora, más la independencia', por lo que sería superfluo cualquier estudio de las consecuencias económicas de la secesión y cualquier negociación sobre los ajustes exigidos por el cambio en las anteriores relaciones con España y con Europa o por las nuevas relaciones a establecer. En realidad, la eventual secesión cambiaría muchos elementos de una situación del País Vasco caracterizada en la actualidad, entre otras cosas, por un alto grado de integración comercial y financiera con España y con Europa, una elevada volatilidad de los flujos de capital y una notable facilidad para la deslocalización de empresas y actividades. Por ello, el cambio en el sistema de relaciones con España y con Europa crearía inevitablemente un cúmulo de problemas prácticos que exigirían una negociación rigurosa. Parece superfluo añadir que, en esta negociación, el País Vasco necesitaría de 'Madrid' para todo.

Las cosas no pueden ser de otra manera porque ninguna sociedad de nuestro tiempo, incluida la sociedad vasca, es un producto de la naturaleza, sino primordialmente un producto de la historia. Una vinculación multisecular, que se remonta casi a los albores mismos del reino de Castilla en el siglo XI, ha tejido una espesa trama de interdependencias demográficas, comerciales y financieras del País Vasco con el resto de España que es imposible pasar por alto, sobre todo cuando la Unión Europea, de la que España forma parte, se viene moviendo con éxito creciente hacia una integración económica cada vez más profunda y más beneficiosa para sus partícipes. Resulta ilusorio imaginar que la cirugía de la secesión pueda operar sobre esta trama de interdependencias sin la anestesia de una cuidadosa negociación de los ajustes exigidos para paliar las incidencias negativas de la secesión, que afectarán principalmente a la economía vasca por su alto grado de dependencia de los mercados españoles y europeos. Este escenario no tiene otra alternativa real que no sea la poco atractiva ruptura revolucionaria de los lazos con España, que conduciría, inevitablemente, a la pérdida de mercados y al éxodo de capitales, de empresas y de trabajadores, a modo de preludio del retorno a la naturaleza, obviamente inviable, con que parece soñar el radicalismo abertzale.

Sea o no estéril el tratamiento que Arzalluz dio a las cosas prácticas en su respuesta al periodista polaco, es positivo que el presidente del PNV intuya la conveniencia de referirse a las mismas cuando es preguntado por las consecuencias de la secesión. Esta intuición sería muy fecunda si conduce a acoger la petición del Círculo de Empresarios Vascos y se pone en marcha un análisis riguroso de las consecuencias económicas de la modificación del sistema de relaciones del País Vasco con España y con Europa. Para realizar este análisis, el País Vasco dispone de unas técnicas que se han ido perfeccionando con el tiempo, en especial con los estudios dedicados a analizar los costos y beneficios que supone el ingreso de un país en una unión monetaria, cuestión que ha despertado un interés creciente en los últimos años. El País Vasco dispone también de expertos suficientemente cualificados para manejar estas técnicas y, a modo de muestra, puede verse un estudio reciente que intenta cuantificar la incidencia del terrorismo de ETA en la economía vasca, comentado por Patxo Unzueta en EL PAÍS del 18 de octubre. El estudio, The Economic Costs of Conflict: a Case-Control Study for the Basque Country, ha sido publicado en septiembre de 2001 como documento de trabajo del National Bureau of Economic Research y a él se ha referido la revista Business Week a propósito del debate sobre las consecuencias económicas del 11 de septiembre. Sus autores son Alberto Abadie, de la Universidad de Harvard, y Javier Gardeazábal, de la Universidad del País Vasco.

En último término, una decisión positiva sobre el estudio de las consecuencias económicas de una eventual secesión podría marcar el comienzo del declive de la concepción exclusivamente abertzale o 'patriótica' de la acción política del nacionalismo vasco para abrirla a contenidos sociales y económicos más universales. Este cambio, tan esperado por los observadores externos después de los resultados de las últimas elecciones, sería muy esperanzador, en primer lugar, porque está históricamente comprobado que las concepciones exclusivistas, se quiera o no, arrastran consigo la secuela de la violencia contemplada como una forma legítima de lucha política, incluido el engendro de la 'socialización del sufrimiento' que autoriza a violar los derechos humanos de los propios ciudadanos vascos en aras de no se sabe bien qué mito colectivo. En segundo lugar, porque superar el exclusivismo 'patriótico' en la acción política significaría que esta acción pasa a ser concebida en el País Vasco, al igual que en los países democráticos de su entorno europeo, como gestión y mejora del bienestar social de los ciudadanos (no del sufrimiento social de éstos), y dentro de ese bienestar, los contenidos 'patrióticos' son un elemento más, nunca el elemento exclusivo. Finalmente, sería esperanzador por otro motivo no menos importante: en todos los países de aquel entorno, las instituciones e instrumentos de la acción política democrática, que son similares a los existentes en el País Vasco (partidos políticos, elecciones, Parlamento, Gobierno), son utilizados como cauce idóneo para abordar y tratar de resolver los más complejos problemas políticos sin que hasta el momento resulten apreciables las ventajas que puedan obtenerse por eludir este cauce cuando se trata de abordar los problemas derivados del sistema de relaciones del País Vasco con España y con Europa.

Josep Lluís Sureda, catedrático, fue asesor del presidente Tarradellas en las negociaciones sobre el restablecimiento de la Generalidad de Cataluña (junio-septiembre 1977).