Sanidad reclamará 50.000 millones a Baxter por las 11 muertes en diálisis

El Ministerio de Sanidad espera conseguir una indemnización de Baxter en EE UU de entre 46.250 millones y 51.800 millones de pesetas por los fallos en los dializadores que provocaron 11 muertes en España en agosto. El departamento que dirige Celia Villalobos no ha cerrado los términos de la reclamación, pero la ministra adelantó ayer que el dinero se usaría en la investigación de enfermedades renales.

Villalobos explicó estos aspectos del proceso judicial que prepara el abogado del Estado de Sanidad en el programa televisivo El primer café de Antena 3. La ministra había adelantado el miércoles que su departamento estaba preparando una querella, y que ésta se basaría en el 'incumplimiento de contrato' de la empresa al servir dializadores defectuosos.

La ministra de Sanidad declaró ayer que Baxter había 'engañado al Sistema Nacional de Salud', tanto por la calidad del producto suministrado como, sobre todo, por 'ocultación de información'. Villalobos se refería al hecho de que Baxter disponía de informes acerca de la contaminación de los dializadores, pero no los hizo públicos hasta que no supo que el equipo de investigadores de Sanidad (formado por médicos, expertos del Instituto de Salud Carlos III y del Centro Superior de Investigaciones Científicas) iba a presentar sus conclusiones. En el informe oficial, los especialistas destacaron que, aparte de la presencia de líquidos 'no inocuos' en los filtros, la empresa no podía garantizar el origen ni la calidad de los materiales empleados.

Querella independiente

Villalobos también aclaró que esta querella no tiene nada que ver con las actuaciones judiciales emprendidas en España por los familiares de ocho de los fallecidos, aunque tanto el Ministerio de Sanidad como los Gobiernos catalán y valenciano han declarado que se incorporarán a la causa. Estos anuncios no han sido bien recibidos por los abogados de la acusación particular, que opinan que la Administración puede ser condenada como responsable civil subsidiaria en el juicio.

Según la ministra, aparte de las medidas judiciales anunciadas, su departamento se ha dirigido a la agencia de convalidación alemana TÜV, que fue la que certificó los filtros de Baxter, para exigirles 'la garantía de que el resto de los productos de Baxter tienen los controles de calidad adecuado'.

Durante el programa televisivo, Villalobos también declaró que se había puesto en contacto con el Gobierno sueco, donde está ubicada la planta que fabricaba los dializadores Althane A-18 del lote 2001F05P, para que 'garantice que los productos de Baxter que se producen en ese país tienen garantía de calidad'. Esta decisión de Sanidad llega tarde, ya que la empresa Baxter ha cerrado tanto la planta sueca donde se montaban los dializadores como la de Florida que fabricaba las fibras (diminutos capilares por donde fluye la sangre que se va a limpiar de los enfermos con insuficiencia renal).

Fuentes cercanas a la acusación particular insistieron en que la posible actuación de Sanidad en EE UU -cuyos detalles todavía no se conocen- no representaría a los enfermos, y manifestaron a este periódico que se reservaban por su parte la posibilidad de realizar en EE UU las acciones judiciales que consideren adecuadas en nombre de los familiares de los fallecidos, pero que de momento iban a seguir con la vía emprendida en el juzgado número 7 de Valencia.

Aparte de los 11 pacientes sometidos a hemodiálisis que fallecieron en España en agosto (cuatro en el hospital de La Princesa de Madrid, seis en la clínica Virgen del Consuelo de Valencia y uno en el hospital Clínic de Barcelona), los filtros de Baxter se relacionan con otras cuarenta muertes en el mundo.

Sanidad no es sólo parte acusadora en este caso. Representantes de los fallecidos han interpuesto una demanda contra el hospital de La Princesa por no haber notificado a tiempo los fallecimientos que se produjeron en el centro. Según la diputada socialista Consuelo Rumí, si Sanidad hubiera actuado antes (las cuatro muertes de Madrid se produjeron entre el 16 y el 18 de agosto), se podrían haber evitado los fallecimientos de Valencia que se produjeron a finales de ese mismo mes.

En EE UU ya está en marcha una demanda contra Baxter por parte del bufete del abogado Keneth Moll. Varios directivos de la multinacional, que facturó alrededor de 1,3 billones de pesetas de pesetas el año pasado, han reconocido la responsabilidad de la empresa en las muertes, por lo que Moll se ha mostrado convencido de ganar el caso. El bufete de Chicago pide indemnizaciones que van desde los 975 millones a los 2.776 millones de pesetas para las familias de los fallecidos. Otro indicio de la culpabilidad de la compañía es que ya ha destinado unos 28.000 millones de pesetas para hacer frente a las indemnizaciones.