Condenados dos médicos en Castellón por un aborto practicado en 1992

La Sala Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos médicos por un aborto 'ilegal' practicado en 1992. La sala considera a Javier Vives responsable de un delito de aborto ilegal así como de otro de imprudencia médica y lo condena a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación. También condena a Josep Lluís Carbonell a un año de cárcel y otro de inhabilitación como cómplice del delito de aborto ilegal. La misma sala ha absuelto a la mujer que se sometió a la interrupción del embarazo y a su pareja. El fallo señala a la clínica donde fue asistida como responsable civil de las lesiones que sufrió, por las que se ha fijado una indemnización de 10 millones de pesetas.

El tribunal absuelve a la mujer porque considera que en ningún momento tuvo conciencia de recurrir a un servicio médico ilegal. Vives es condenado por aborto ilegal y por la imprudencia que provocó las lesiones, y Carbonell como 'cómplice' porque firmó el informe que certificaba el grave riesgo para la salud psíquica que el embarazo podía causar en la mujer.

En el juicio, el fiscal sostuvo que había existido un fraude de ley 'bajo la apariencia de legalidad', al considerar que ambos médicos, en sus declaraciones, habían aludido a la situación económica de la mujer, de 25 años, madre de un niño de seis, sin trabajo, con un compañero en situación laboral inestable, con residencia en una casa de alrededor de 50 metros cuadrados en la que vivía junto a su abuela, ciega, su padre jubilado, y sus hermanos que elevaban hasta nueve los habitantes de la casa; pero presentaron pruebas insuficientes para determinar el riesgo para la salud psíquica de la mujer y practicaron la intervención sin condiciones sanitarias.

El letrado de los acusados, Virgilio Latorre, no quiso adelantar ayer si recurrirá el fallo, debido a que la sentencia aún no ha sido notificada. Por su parte, uno de los condenados, Josep Lluís Carbonell considera que, 'de confirmarse el fallo', éste supone un paso adelante por la absolución a la mujer, pese a que aseguró que 'disiente totalmente' del resto de la sentencia.

Carbonell recordó que España es el único país de la Unión Europea que sigue juzgando presuntos delitos sobre la interrupción voluntaria del embarazo y donde se produce una persecución 'judicial y política' a quienes la practican. La denuncia contra los dos médicos y la paciente partió del Hospital General de Castellón donde acudió la mujer a raíz de una complicación por la que tuvo que ser intervenida.