Tercer 'no' al aborto

Por tercera vez desde que está en el poder, el Partido Popular se ha opuesto en bloque a los intentos de la izquierda parlamentaria de ampliar la legislación sobre el aborto. Como en el caso de las parejas de hecho y la igualdad legal de los homosexuales, el PP ni hace ni deja hacer en el tema del aborto. En materia de moral y costumbres, la veta confesional de este partido se sobrepone a sus responsabilidades de gobierno, cerrando los ojos a una realidad social que demanda respuestas por parte de los gobernantes.

A esta realidad social respondía el tercer intento llevado a cabo desde 1996 por varios grupos de izquierda para debatir en el Congreso la cuestión del aborto. El PP no quiere enterarse de que en España siguen practicándose abortos clandestinos, que la inseguridad jurídica planea sobre los tres supuestos legales de aborto (300 procesos judiciales abiertos a médicos y mujeres) y que la criminalización del aborto subyace en el rechazo a que la mujer decida en última instancia. Pero el PP sigue negándose a que la cuestión se debata en el Parlamento, más preocupado por no desairar a los obispos -uno de los cuales le reclamó ayer 'la gallardía' de suprimir la ley socialista de 1985 sobre despenalización de tres supuestos de aborto- que de llevar a la práctica el talante centrista que se atribuyen sus dirigentes. No se trata de que el PP apoye propuestas de la oposición, sino de no obstaculizar su discusión, sobre todo cuando se trata de un asunto de la complejidad legal y social del aborto. Habría bastado con dar libertad de voto, como hicieron CiU, Coalición Canaria y el PNV.

Los socialistas pretendían una vez más que la mujer pueda abortar cuando, a su juicio, el embarazo le suponga 'un conflicto legal, familiar o social de gravedad'. Este supuesto, denominado sociológico, se añadiría a los tres actuales: por violación, malformación del feto y riesgo para la salud psíquica o física de la madre. Otros grupos, como IU, IC-Els Verds, BNG y ERC, optan directamente por que el aborto sea una decisión libre de la mujer dentro de las 14 o 16 primeras semanas de embarazo. De una y otra forma, la izquierda quiere que el Parlamento dé una respuesta legal, similar a la de muchos países de la Unión Europea, a la situación de muchas mujeres obligadas a recurrir al aborto por razones extremas (marginación, desempleo, miseria o incapacidad para asumir responsabilidades que les desbordan) y que arrostran, por ello, el riesgo de procesos judiciales sin descartar la cárcel. Pero el PP replica que no es un problema prioritario. En ese asunto, el partido del Gobierno está conforme con que las cosas sigan como las dejaron los socialistas en 1985.