Las dudas de diez autonomías frenan la aprobación del nuevo impuesto sobre gasolinas

Las seis comunidades gobernadas por el PSOE y cuatro de las ocho del PP obligaron ayer al Gobierno a levantar su propuesta de un nuevo impuesto sobre la gasolina para financiar la sanidad. El debate se aplaza al jueves, en una nuerva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno defiende un aumento mínimo sobre el litro de gasolina de cuatro pesetas - tramo estatal- y máximo de 5,6 -las autonomías tienen margen para subir entre 0 y 1,6 pesetas más-.En el plazo de tres años, el impuesto podría llegar hasta ocho pesetas por litro, cuatro para cada tramo.

Los consejeros de Economía y Hacienda de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Baleares -todos ellos del PSOE-, y los de Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Murcia -del PP- se opusieron a la propuesta presentada ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por razones de forma y de fondo. El ministro defendió la creación del impuesto sobre la gasolina porque 'la coyuntura lo permite, con la bajada de su precio y porque no acarrearía problemas de inflación'. Sostuvo también que las comunidades podrían ingresar por esta vía más de 100.000 millones de pesetas que tendrían como destino la financiación de la sanidad, con gastos crecientes. La propuesta inicial del Gobierno consistía en que el tramo estatal del impuesto sería de cuatro pesetas, y el autonómico podría oscilar entre 0 y 1,6 pesetas. El grupo de trabajo, constituido ayer por la mañana, introdujo una modificación, defendedida con énfasis por la Comunidad de Madrid, para equilibrar en tres años el tramo estatal y el autonómico, que fue aceptada por el ministro: el litro de gasolina podría gravarse en dos tramos, el estatal y fijo, de cuatro pesetas, y el autonómico, con una variación de 0 a 4 pesetas.

Los representantes de las comunidades opositoras -diez de las quince representadas en el Consejo-recordaron que el pacto de financiación autonómica, del 27 de julio de este año, decidió, a propuesta de la Generalitat de Cataluña, la creación de un grupo de trabajo para estudiar la creación de este impuesto sobre las ventas minoritarias de hidrocarburos con un plazo de seis meses para presentar una propuesta concreta. Y alegaron que ese grupo de trabajo se había creado la misma mañana de ayer y que, en tan breve plazo, no era posible estudiar las repercusiones de un impuesto tan importante en la economía y, particularmente, en los consumidores.

Algunas comunidades, particularmente las socialistas, también alegaron razones de fondo. Por un lado, asumían la responsabilidad por la creación de un impuesto que recauda el Estado en su tramo más importante -cuatro pesetas de 5,6-y que, además, al final, sus ingresos se detraen del importe de las transferencias a las comunidades autónomas.

Ante el consenso negativo generalizado, el representante de la Generalitat catalana, Francesc Homs, propuso al ministro de Hacienda la retirada de la propuesta y su aplazamiento. Montoro decidió dar una semana más de plazo al grupo de trabajo para que recoja las enmiendas de las comunidades autónomas y debatir la propuesta el próximo jueves. El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, dijo a los periodistas: 'Aunque hubiésemos podido imponer el nuevo impuesto porque al Gobierno le basta sólo el apoyo de una comunidad para tener mayoría en el Consejo, ante las numerosas dudas de los representantes autonómicos hemos decidido aplazar la decisión porque no gobernamos por imposición'. El Consejo también decidió 'dotar de mayor agilidad' el Consejo Superior de la Agencia Tributaria con la participación de seis representantes autonómicos, tres de las comunidades más ricas y tres de las más pobres.