Consumidores y empresarios, en contra

Pagar la salud de los españoles con la venta de los carburantes no gusta a los empresarios, a las asociaciones de consumidores ni a los defensores de la sanidad pública.

'Es aberrante vincular la salud de los ciudadanos a la venta de gasolina', según José María Múgica, director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). '¿Qué pasará si baja el consumo por la crisis? ¿Habrá menos dinero para los hospitales?', se pregunta.

Jorge Hinojosa, secretario ganeral de la Unión de Consumidores de España (UCE), lamenta que un impuesto indirecto que 'no respeta la justicia, equidad y progresividad de los impuestos directos financie la salud'. 'Este impuesto genera dudas sobre la estabilidad del sistema sanitario', añade Hinojosa.

Según la Asociación para Defensa de la Sanidad Pública, 'aumentar los recursos de la sanidad pública no es malo. Sí lo es la forma. Demuestra que el acuerdo sobre la financiación de la sanidad era malo y ahora necesitan sacar dinero de donde sea', dice Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la asociación.

A los empresarios del sector tampoco les gusta la nueva tasa. Fuentes de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio dicen que los consumidores pagarán el nuevo impuesto. 'Las estaciones de servicio no pueden sacrificar más su margen de negocio. Si se quiere evitar que el impuesto lo paguen los consumidores, deberán ser los operadores quienes lo asuman'. La Asociación de Operadores de Petróleo (AOP), que agrupa a las 11 grandes empresas del ramo como Repsol, Cepsa o BP y tiene una cuota de mercado del 90%, no está por la labor: 'Es impensable que las operadoras asuman la nueva tasa. No hay margen para ello', explica Álvaro Mazarrosa, director general de la AOP.

Las patronales de camioneros, como Fenadismer y Conetrans, al igual que la Asociación Gremial del Taxi, mostraron su oposición a que los profesionales del sector pagen más impuestos por los carburantes.