Hacienda subirá 4 pesetas el litro de gasolina aunque no lo hagan las autonomías

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Gobierno central está dispuesto a aplicar una subida de cuatro pesetas en el litro de gasolina a partir del 1 de enero de 2002, lo que supondría una simple 'actualización del IPC', pues, según recuerda Montoro, el impuesto especial sobre hidrocarburos lleva congelado desde hace tres años. Montoro está dispuesto a aplicar esta subida pese al rechazo de las seis comunidades socialistas, que se oponen al nuevo impuesto sobre hidrocarburos que, a propuesta de Cataluña, respaldan el Gobierno central y varias autonomías del PP.

Montoro insistió ayer en que la recaudación del nuevo impuesto en su tramo estatal (más de 100.000 millones al año) ira destinada a financiar parte de los gastos sanitarios que asumirán las comunidades con el traspaso de competencias en 2002. Y recordó que las comunidades podrán optar entre imponer o no un gravamen adicional de hasta 1,6 pesetas.

Cuando el ministro de Hacienda pactó el nuevo modelo de financiación con 15 comunidades, en julio pasado, no había previsto estos ingresos especiales por el impuesto sobre gasolinas para financiar parte del gasto sanitario. Ni mucho menos aplicarlo a partir del 1 de enero de 2002.

El texto que refleja los acuerdos alcanzados entonces con las autonomías sólo recoge el propósito de que, 'durante el primer semestre de 2002, el estudio [sobre la creación de un impuesto sobre ventas minoristas de hidrocar-buros] pueda estar ultimado para su presentación [posterior] en el Consejo [de Política Fiscal]'.

Montoro quiere ahora instaurar el impuesto a partir del 1 de enero, 'siempre que se apruebe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera', que se reunirá el próximo jueves, según señaló ayer un portavoz de Hacienda. En esa reunión, en la que participarán 15 comunidades, habrá seis votos seguros en contra, los de los presidentes socialistas. De los otros nueve, el pasado viernes había al menos cuatro autonomías, gobernadas por el PP, que ponían reparos a la nueva figura tributaria.

Insensatez o inmadurez

La Ejecutiva federal del PSOE se opone a la creación del nuevo impuesto de hidrocarburos para financiar la sanidad. 'Es una insensatez política trasladar a la ciudadanía la sensación de fragilidad financiera de la sanidad, arguyendo la necesidad de introducir un nuevo impuesto para garantizar su prestación a los ciudadanos. Es completamente inoportuno en un momento económico como el presenta plantear subidas de impuestos', señalaron ayer los socialistas en un comunicado.

El ministro de Hacienda cree que los socialistas demuestran 'falta de madurez' al 'no asumir la corresponsabilidad fiscal que demandaban en julio', según fuentes de su ministerio.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró 'alarmado' por esta iniciativa, al considerar que el Ejecutivo debía tener ya hechas y cerradas las cuentas sobre la financiación sanitaria y no apelar, ahora, a esta subida de impuestos. 'Por primera vez el Gobierno no ha maquillado una iniciativa sino que ha quedado claro que quiere subir el impuesto sobre hidrocarburos', señaló Zapatero como única ventaja de este asunto.

La Ejecutiva socialista considera 'un disparate, sea cual sea el mecanismo de garantía de financiación de la sanidad, vincular su solución a la imposición de un producto de precios tan volátiles como los carburantes y que afecta a muchos sectores económicos'.

El PSOE sugiere que las soluciones deben estar relacionadas con las que puedan adoptarse en la UE, que que apuntan a imposiciones sobre 'artículos que guardan una relación negativa más directa con la salud, tales como los alcoholes y el tabaco'.

Por su parte, la consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez (PSOE), anunció ayer que votará el jueves contra de la medida, informa Carmen del Arco. 'Es un impuesto que quiere poner el Gobierno para obtener más recursos para financiar cualquier compromiso que quiera tener, entre otros, el de la financiación autonómica', señala Álvarez. También el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, consideró 'inadmisible' el impuesto.