Un juzgado de Jaén investiga a empresas de Martín Berrocal por un presunto fraude a las ayudas al aceite

El Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén ha abierto diligencias por el supuesto fraude a los fondos de ayuda a la producción del aceite de la Unión Europea cometido por cuatro empresas oleicultoras y por un valor de 220 millones. En el momento del supuesto fraude, las campañas 1994-1995 y 1996-1997, José Luis Martín Berrocal figuraba como administrador único de todas ellas. Según la Ley General Presupuestaria y si se probara el supuesto fraude, estas empresas podrían ser objeto de una sanción de hasta 660 millones de pesetas, el triple de lo recibido.

La acción judicial contra estas empresas tiene su origen en sendas inspecciones de la Agencia para el Aceite de Oliva -dependiente del Ministerio de Agricultura- y la Intervención General de la Administración del Estado, realizadas entre 1998 y 1999. Así, en el verano de 1998, un grupo de inspectores de la Agencia para el Aceite de Oliva se personó en Mendoza Agrícola y Ganadera (MAGSA), en Baeza. La inspección se centró en las ayudas a la producción solicitadas en la campaña 1996-1997 por cuatro oleicultores: la propia MAGSA (que percibió 20,6 millones de pesetas), el Potril Olivarera (23,9 millones), La Toledana Olivarera (5,6 millones) y Punta Mar (13,2 millones). Todas estas empresas compartían entonces sede social en la calle Capitán Haya 56 de Madrid y tenían como administrador único a Martín Berrocal.

Las almazaras constituyen una pieza troncal para solicitar subvenciones, pues para pedir las ayudas a la producción, los oleicultores deben presentar los certificados de entrada de aceituna y del aceite producido tras la molturación sellados por plantas previamente autorizadas por la Consejería de Agricultura.

Doble papel

En esta caso, MAGSA jugaba el doble papel de almazara y productor, por lo que, en definitiva, se extendía sus propios certificados. Los únicos clientes de MAGSA eran también empresas relacionadas con Martín Berrocal. Aunque la agencia dependiente del Ministerio de Agricultura asegura en el propio informe que la coincidencia de intereses no tiene porqué significar necesariamente una actividad ilegal respecto a los fondos, los datos que obtuvo de su inspección sí le llevaron a la conclusión que había un posible fraude.

Los inspectores detectaron, a su juicio, irregularidades de todo tipo. Así, en el informe se asegura que la almazara no guardaba registro contable de las entradas de aceituna (no había señal de pesada de los camiones, ni albaranes). Tampoco había registros detallados de la salida del aceite fruto de la molturación.

Hilando más fino, los inspectores escudriñaron otros aspectos secundarios pero importantes para calibrar la actividad industrial, como el consumo eléctrico, los restos de orujo tras la molturación o las peonadas pagadas para la recolección. Según los informes, en todos los casos se han encontrado llamativos desfases.

Por ejemplo, MAGSA se comprometió a vender a Aceites Toledo más de un millón de kilos de grasa y tan sólo entregó 437.000, según el informe. Asimismo, algunas de estas empresas no estaban ni registradas como productoras de aceite, algo indispensable para poder acceder a las subvenciones de la UE. Así, los inspectores sospechan que las empresas relacionadas con Martín Berrocal formaban un entramado en el que la almazara emitía certificados supuestamente falsos para acceder a las ayudas. Los jueces decidirán.

Por su parte, la inspección de la Intervención General de la Administración del Estado se dirigió a la campaña 1994-1995 en las citadas empresas y en el informe elaborado posteriormente se recogen irregularidades muy similares a las de la campaña 1996-1997. Entre las investigaciones aparece otra almazara, La Jiennense Olivarera, ubicada en Ibros (Jaén) también en la órbita de Martín Berrocal y en la que tampoco se guardaba registro sobre las entradas de aceituna o las salidas de aceite.

Entre las irregularidades más chocantes detectadas por la inspección del organismo del Ministerio de Hacienda está el hecho de que la finca de La Toledana Olivarera, en Jaén, estaba plantada de 'estacas de olivo' que, a juicio de los expertos, no se pudo producir el aceite que se justificó en 1994, y por el que se concedieron 21 millones de ayuda. En esa campaña, MAGSA se embolsó 128,6 millones de fondos europeos y Punta Mar, 8,1 millones.

En noviembre de 1999, se le retiró la autorización de almazara a MAGSA. La Junta, encargada de vigilar el uso de los fondos, elevó en julio a la Fiscalía de Jaén las sospechas de delito contenidas en estos informes.

Este periódico ha intentado en los últimos días, sin éxito, conocer la opinión de Martín Berrocal o algún portavoz de las empresas.