El Supremo corrige al Poder Judicial y suspende la sanción contra un juez del TSJC

El Tribunal Supremo ha suspendido de manera provisional la sanción de seis meses y un día que el pleno del Consejo General del Poder Judicial impuso al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Eduardo Barrachina por una falta muy grave cometida al asumir la tramitación de 34 casos que no eran de su competencia, sino de otro juez. Barrachina, que preside la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reincorporó a su destino el 29 de octubre, después de que el Supremo admitiera a trámite un recurso contra esa sanción.

El tribunal que preside Barrachina era en 1999 el encargado de resolver los recursos contra las sanciones por liquidaciones tributarias que imponía la Administración, principalmente la Agencia Tributaria y el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat. Según la doctrina del Tribunal Supremo, cuando se recurre contra esas sanciones debe depositarse una fianza por ese mismo importe más intereses, pero Barrachina no exigía ese dinero. 'Yo sostengo que de esa manera se causa un grave perjuicio al contribuyente y por eso actué así', afirmó ayer el magistrado.

Al descubrirse ese criterio discrepante se cambiarion las normas de reparto y los recursos contra sanciones tributarias se otorgaron a otra sección, que aplicaba el criterio del Supremo. Una inspección del Poder Judicial descubrió esas anomalías en el tribunal que presidía Barrachina y se le abrió un expediente. Al mismo tiempo, la fiscalía anticorrupción abrió diligencias contra él y contra los otros jueces que adoptaban esas resoluciones ante la sospecha de que pudiera existir alguna conducta delictiva. Sin embargo, el caso acabó archivado tras ser asumido por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

Perjuicio a las arcas públicas

Lo que ocurrió con ese criterio de la Sección Cuarta es que cuando la justicia ratificó la sanción tributaria, ésta no se cobró en varios casos porque la empresa ya se había disuelto. De esta manera se pudo causar un perjuicio a las arcas públicas cifrado en centenares de millones de pesetas, según fuentes judiciales.

Barrachina aseguró ayer que el Poder Judicial le sancionó injustamente en su día porque no existe ninguna prueba ni ninguna declaración en su contra, y atribuyó la medida a un 'montaje' de una parte de la judicatura porque él no se aviene 'a ciertos cambalaches'.