El PP admite al fin que la CNMV cometió errores en el 'caso Gescartera'

El Partido Popular, CiU y Coalición Canaria dictaminaron ayer que Gescartera ha sido sólo 'una gran estafa'. El respaldo de CiU, inequívoco para descartar la más mínima responsabilidad política de los ministros de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, tuvo como coste agudizar las leves críticas del PP al funcionamiento de la CNMV. El Grupo Popular también aceptó alguna enmienda técnica del resto de los grupos, a excepción de IU. Pero ninguna que sonara a responsabilidad política. El PSOE, que entregó ayer mismo sus conclusiones, advirtió al Gobierno de que los votantes le pasarán factura por las 'responsabilidades políticas que ahora se niega a asumir' por este 'grave caso de corrupción'.

La 'gran estafa' era el punto de partida del PP y del Gobierno sobre Gescartera ya en agosto y será la conclusión del Pleno que cerrará definitivamente el próximo jueves la investigación parlamentaria de este escándalo financiero. El dictamen de conclusiones aprobado ayer en reunión a puerta cerrada de la Comisión Gescartera arranca con esa premisa y concluye con una treintena de medidas de reforma, la mitad de las cuales se refieren a la CNMV y que, en su mayoría, fueron incorporadas ayer a cambio del voto de CiU.

El Grupo Catalán, además, enmendó el beatífico relato de los hechos propuesto por el PP para introducir 11 apostillas en las que incorpora las discrepancias constatadas en el consejo de la CNMV del 16 de abril de 1999, el excepcional cambio de equipo de supervisión en el que fue relevado David Vives a cambio de Antonio Botella y, sobre todo, el escaso control a los requisitos que la propia Comisión de Valores ejerció sobre Gescartera a la hora de elevarla de categoría. La CNMV 'debía comprobar y verificar' que la ONCE tomaba el 25% de la sociedad matriz de Gescartera, tal y como ella misma le había exigido, pero no lo hizo. Este detalle no aparecía en la propuesta del PP, pero el dictamen definitivo que debatirá el Pleno de la próxima semana incluso recuerda el voluble papel jugado a principios de año por el director de Entidades de la CNMV, Juan Carlos Basallote, fichado por la ex presidenta Pilar Valiente y primo de Antonio Alonso Ureba, ex director de los servicios jurídicos, en aquel olvido.

Lo que el PP no le aceptó al Grupo Catalán fue eliminar de su relato dos menciones a Asesores 2000 y a Roberto Santos, principales caballos de batalla del partido mayoritario para insinuar que el PSOE también estaba afectado por la trama, e incluso que le servía para lavar su dinero negro. CiU defendió ambas supresiones con el siguiente argumento: de igual forma que no ve 'acreditada' la responsabilidad política de Rato y Montoro, tampoco ha encontrado pruebas durante la investigación parlamentaria de que en Gescartera se 'lavara dinero negro ni del PSOE ni del PP'. Pero no, lo único que queda acreditado en el dictamen final es que el Gobierno 'ni sabía ni podía saber' lo que pasaba en Gescartera.

Impunidad y protección

El PSOE, en las antípodas de este diagnóstico, destaca que la 'operativa' de Gescartera sólo se 'puede entender' por la 'impunidad' que la empresa de Camacho tuvo al 'gozar de la protección que se le brindó desde la CNMV, la Agencia Tributaria y el Banco de España'. Y ahí radica, precisamente, la responsabilidad política. En palabras de Felipe Alcaraz, de IU, 'la responsabilidad política no consiste en pillar a Rato con las manos en la masa'.

El portavoz del PSOE en la Comisión Gescartera, Antonio Cuevas, enarboló el pronostico de su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, para advertir al PP de que, 'al final, serán los ciudadanos, con sus votos, los que establecerán las responsabilidades políticas del Gobierno en este caso'. Unas responsabilidades que el PSOE, junto a los demás partidos de izquierdas y el PNV, exigen ya directamente a José María Aznar, presidente del Gobierno, recordándoles su doctrina sobre la responsabilidad política cuando reclamaba la regeneración democrática desde la oposición. 'Aznar no tendrá ninguna credibilidad si, a partir de ahora, no asume ninguna de estas responsabilidades, que son claras y nítidas', aseguró Cuevas. El portavoz del PP en Gescartera, Vicente Martínez Pujalte, se burló del acuerdo de la oposición calificándola de 'consorcio de opositores con el que el PSOE intenta disimular su estrepitoso fracaso en la comisión de investigación'.

Con este calificativo y la decisión de debatir ayer a puerta cerrada las conclusiones, el PP dio carpetazo a todas las conclusiones y propuestas políticas de la oposición. El PSOE esperó al último minuto para entregar las suyas, que califican 'la actuación de determinados consejeros y directivos de la CNMV de más que negligente' por adoptar decisiones 'en clara connivencia' con Gescartera. Los socialistas, además, mantienen que el Ministerio de Economía 'autorizó la transformación de Gescartera haciendo caso omiso de la normativa legalmente aplicable'. Y están convencidos de que la CNMV intervino Gescartera sólo después de que mediara una denuncia por la falsificación de un tampón de Caja Madrid para Gescartera.

Esto, unido a la política de nombramientos de Rato y Montoro, justifica la 'responsabilidad in eligendo y in vigilando' que los socialistas reclaman a ambos ministros o, en su defecto, al presidente Aznar.

Gescartera no puede pagar

Entretanto, la CNMV ha declarado oficialmente que Gescartera no podrá hacer frente a sus obligaciones con los inversores debido a su situación económico-financiera. Este reconocimiento permite a los clientes de Gescartera iniciar sus reclamaciones al Fondo de Garantía de Inversiones creado por el Gobierno el pasado 3 de agosto precisamente para hacer frente a crisis como la de Gescartera. Ese fondo pagará a cada uno de los inversores perjudicados hasta 3,3 millones de pesetas como indemnización por sus pérdidas.