Una ley contra la Universidad

En 1983, la Ley de Reforma Universitaria pretendía, sobre todo, modernizar, democratizar y abrir a todos los jóvenes, independientemente de su origen social o económico, la Universidad. Una Universidad que se encontraba a años luz de los países de nuestro entorno. Con la perspectiva de los 18 años transcurridos y a pesar de sus muchos defectos, tendremos que concluir que la LRU ha sido un instrumento válido y ha permitido un salto no sólo cuantitativo, sino también cualitativo, de la educación superior en nuestro país. Cualquier parámetro que se elija (alumnado, profesorado, investigación, número de universidades y titulaciones) no admite comparación con lo que existía en los albores de la transición desde la dictadura, y todo ello desde un escrupuloso respeto a la autonomía universitaria y sentando unas mínimas bases de participación social en la propia gestión de la Universidad.

La política de becas brilla por su ausencia: 'El que quiera buena educación, que la pague'

El PP ha optado por una ley orgánica de partido, por una imposición unilateral

Pero en su relativo éxito -no queremos que se entienda que estamos plenamente satisfechos con sus resultados- la LRU lleva el germen de su modificación. En algunos casos, por errores o escaso desarrollo; en otros, por haberse quedado obsoleta, como en lo referido al profesorado hace ya demasiados años y, en general, por falta de financiación. Numerosos estudios, reivindicaciones sindicales y sociales, informes como Universidad 2000, la propia dimensión europea como reto y la realidad de las transferencias a las 17 comunidades autónomas generaban un gran consenso en la urgencia de la reforma.

El Ministerio de Educación, el Gobierno del Partido Popular, tenía una oportunidad inmejorable para liderar ese consneso. Preservando lo que se había demostrado que funcionaba bien, debería haber generado un amplio debate con la comunidad universitaria, con los sindicatos, con las asociaciones estudiantiles, con los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas, del que saliese una nueva ley lo más apoyada posible.

Nada de esto ha ocurrido. Ni ha habido debate previo al conocimiento del primer anteproyecto de ley ni lo ha habido después. El Partido Popular ha optado por una Ley Orgánica de Universidades de partido, por una imposición unilateral. Respetamos el derecho democrático que les asiste a elaborar la ley que quieran, no discutimos la legalidad y la capacidad que su mayoría absoluta les permite. Pero queremos manifestar que existen también otras legitimidades muy importantes en el ámbito universitario. Por ejemplo, la de los rectores, representantes electos de los claustros, de la Universidad o la de los sindicatos, representantes de los trabajadores (sean éstos profesores o personal de administración y servicios) y conseguida a través de elecciones democráticas.

El Ministerio de Educación ha hecho gala de un autismo político absoluto. Se ha mantenido impermeable a cualquier sugerencia que modificase los ejes fundamentales de su norma. Sólo ha admitido 'enmiendas-maquillaje' para salvar la cara de uno de sus socios parlamentarios o las derivadas de cubrir las innumerables lagunas u olvidos. No ha tenido el mínimo rubor democrático en despachar en la Comisión de Educación, en sesión de tarde-noche de 11 horas, alrededor de 800 enmiendas. No ha querido escuchar ninguna voz de la comunidad universitaria, vetando todas las comparecencias, al tiempo que se nos pedía a CC OO y UGT que explicáramos cuáles eran nuestras razones para convocar la huelga en la Universidad. Se deslizaban juicios de valor muy preocupantes sobre las razones de los rectores o de los dos sindicatos para oponerse a la norma. Se recurría incluso al insulto desde la más alta instancia del Gobierno, calificándonos a todos los que no comulgamos con esta ley partidaria de 'progres trasnochados'.

Y desde el autismo político del que hablábamos, se han ido deslizando hacia un 'neodespotismo' que, eso sí, no nos parece demasiado ilustrado. Ante las críticas unánimes de que se invade la autonomía universitaria se nos responde que la ley la potencia. Ante la demanda de una Ley de Financiación, se nos dice que existe una Memoria Económica y que, en todo caso, el nuevo Pacto de Financiación Autonómica permitirá superávits; resulta muy cómodo el principio del 'yo legislo, tú pagas'. Ante nuestros temores por la calidad universitaria, por el empleo, por el acceso de los estudiantes, por la vertebración del sistema de educación superior, por su integración en Europa, etcétera, no se nos escucha, y en una actitud claramente a la defensiva se recurre a ese despotismo que citábamos con anterioridad. En lugar de intentar comprender algunas de nuestras razones, de intentar negociar, la ministra de Educación ha repetido hasta la saciedad que su obligación era gobernar. Cierto, pero gobernar no es mandar, imponer por la fuerza de los votos. Es también convencer y es más que evidente que la LOU no convence a la Universidad española.

La ministra de Educación y el presidente del Gobierno deberían ser conscientes de ello y del periodo de inestabilidad que van a provocar con su prepotencia y obcecación al entonar a coro, cual políticos del XVIII redivivos: 'Todo para la Universidad, pero sin la Universidad'.

No podemos dejar de señalar las declaraciones a un grupo de rectores de una alta personalidad del ministerio que puede darnos luz sobre los verdaderos motivos del porqué de una ley tan partidaria, cuando se extrañaba de que la mayoría social que le había dado el triunfo en las últimas elecciones al PP no tenía su correlato dentro de las universidades. Obviamente, se han puesto manos a la obra para conseguir modificarlo y por eso necesitan vulnerar la autonomía universitaria; la experiencia adquirida en la Generalitat Valenciana les ha servido de mucho en este sentido.

La LOU, si alguien no lo remedia, va a sumir a las universidades españolas en un periodo de desestabilización enorme, y no sólo durante los 18 meses necesarios para establecer los estatutos. Las comunidades autónomas, y cada una de las universidades, tendrán que desarrollar la ley; al menos son precisos 37 reales decretos básicos y 11 órdenes ministeriales, además de la normativa autonómica y la elaboración de los estatutos de cada universidad. Se pretende angelicalmente que aquellos que se han manifestado clarísimamente en contra de la ley no sólo la asuman, sino que la desarrollen y se olviden automáticamente de sus críticas.

Que se acepte la masiva precariedad laboral, que no se establezcan salvaguardas para los despidos masivos paralelos al descenso del alumnado. Que cada comunidad autónoma decida la duración y salario de los contratos, sin establecer mínimos homologables. Que se asuma un sistema de habilitación que valga tanto para un empleo estable como temporal; que en lugar de valorar los méritos acreditados a través del currículum docente e investigador, recupere las viejas pruebas anteriores a la LRU.

Que se pretenda mejorar la Universidad española sin gastar una sola peseta o euro. Que en cuanto a calidad todo se va a solucionar con una Agencia Nacional de Evaluación y Calidad para todas las universidades, sin mecanismos que establezcan parámetros homogéneos entre las diferentes universidades, de forma que todas tengan las mismas posibilidades en la carrera en la que tendrán que competir.

Se elimina la selectividad y, aunque no se concreta el nuevo sistema de acceso del alumnado, dará paso a mayores pruebas selectivas sin un control que las homologue. Se suavizan los requisitos que se le exigen a las universidades privadas; los profesores no necesitan ningún tipo de habilitación. Se deja a la investigación básica, a la propia de la universidad a su suerte, sin financiación y sin marcos de coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, retrotrayendo a las cavernas de la historia la investigación, desarrollo e innovación en nuestro país.

Se vulnera la autonomía universitaria con los nuevos consejos de gobierno, donde se incluyen representantes políticos; se puede eliminar la presencia de los representantes de los agentes sociales en los consejos sociales; se recorta la representatividad del personal de administración y servicios; no se incrementan sus ratios de plantilla en relación con el profesorado y las necesidades de docencia e investigación de éstos, y no se establece un cuerpo único. La política de becas brilla por su ausencia, no les preocupa la compensación de desigualdades, la igualdad de oportunidades: 'El que quiera buena educación, que la pague'.

Pero a pesar del sombrío panorama no queremos ser pesimistas. UGT y CC OO, no sólo como federaciones de enseñanza, sino también como confederaciones, somos conscientes de que otra Universidad es posible. Hacemos un llamamiento de nuevo a la negociación, a que se reconsideren muchas posturas, a que se valore que una ley contra la Universidad está condenada al fracaso; que necesitamos una ley que pueda perdurar en el tiempo y fruto del consenso, no de la imposición. De no ser así, no habrá un punto final con su publicación en el BOE; al contrario, será el inicio de una campaña para conseguir un soporte normativo que nos permita una Universidad pública de calidad, que, no nos engañemos, es la verdadera garantía de futuro de nuestro país, la mejor inversión que podemos realizar.

Jesús R. Copa Novo es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. Fernando Lezcano López es secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO.