La Junta apela a la cooperación con Marruecos
El Gobierno andaluz aboga por restablecer la normalidad de las relaciones Madrid-Rabat
Jueves 25 de octubre. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, baja por unas escaleras del Parlamento autonómico para dirigirse al pleno. En el patio hay instalada una mesa con una urna que recoge votos para el referéndum simbólico celebrado en todas las provincias andaluzas sobre la independencia del Sáhara Occidental. Chaves evita acercarse a esta zona y entra al salón plenario por una puerta por la que no suele pasar, la más próxima a los escaños que ocupan los diputados del PP.
Este gesto anecdótico revela la cautela y la prudencia con que las autoridades abordan las cuestiones relacionadas con Marruecos, país que ha abierto una brecha con España al llamar a consultas a su embajador en Madrid, Abdesalam Baraka. Marruecos ha aducido una lista de ofensas para justificar esta decisión, entre ellas la actitud española tras la ruptura de las negociaciones pesqueras y ante el fenómeno de la inmigración, pero también la celebración de este referéndum simbólico en Andalucía.
¿Y cómo afecta a la comunidad esta tensión entre Madrid y Rabat? Los 14 kilómetros que apenas separan a España de Marruecos a través del Estrecho suponen a veces una distancia abismal y tienen en Andalucía un vínculo fundamental. La comunidad mantiene nexos históricos con Marruecos (Chaves ha hecho cinco visitas oficiales a este país desde que es presidente de la Junta) y con el pueblo saharaui (cada verano cerca de 3.000 niños saharauis pasan sus vacaciones en Andalucía).
Son precisamente pesca e inmigración dos temas que afectan directamente a Andalucía (el fracaso de las conversaciones entre la Unión Europea y Marruecos ha sumido en un parón a un millar de pescadores andaluces y la comunidad es la principal receptora de inmigrantes indocumentados, para los que la Junta ha implantado un plan integral de atención sanitaria, educativa y social).
Ante esta delicada tesitura, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aboga por el restablecimiento de la 'normalidad' en las relaciones entre ambos países y por reforzar los mecanismos de 'cooperación' con Marruecos. De hecho, Marruecos absorbe buena parte de las ayudas al desarrollo que cada año presupuesta la Junta: en 2001, recibirá 1.100 millones en ayuda directa y 250 millones en indirecta.
Zarrías, que ve 'excesiva', al igual que el Gobierno central, la reacción marroquí, aboga por que España practique un 'egoísmo inteligente para colaborar y cooperar con Marruecos'. 'La Junta hace un llamamiento al diálogo. Histórica y geográficamente estamos obligados a buscar fórmulas de entendimiento', señala el titular de la Presidencia, que cree prioritario que España y la UE cooperen en la ayuda 'económica y social' de Marruecos.
El consejero insta al Gobierno de José María Aznar a que aproveche que España preside la UE en el primer semestre de 2002 para fortalecer esta colaboración. 'El Gobierno debe incidir en la UE para intentar retomar algún tipo de acuerdo pesquero con Marruecos', afirma Zarrías, que añade que de esta manera se 'contribuirá a reforzar el proceso de apertura política, económica y social' de Marruecos. También apuesta por que ambos países aborden el fenómeno de la inmigración para acabar 'con las mafias'.
La diputada autonómica de IU Concha Caballero considera una 'excusa' la inclusión del referéndum simbólico sobre el Sáhara Occidental en la lista de agravios y cree que con la retirada de su embajador Marruecos ha realizado un movimiento 'estratégico' para ejercer una presión política sobre España y la UE con el fin de facilitar la entrada de sus productos hortofrutícolas, hecho que, según dice, afectará directamente a los agricultores andaluces. Caballero también vincula esta decisión 'al estancamiento del proceso democratizador' de Marruecos y opina que el Gobierno ha sido a veces 'tosco' en las relaciones con el país vecino.
Zarrías: 'No hay que hacer recordatorio de agravios'
El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, afirma que 'con un país vecino es lógico tener roces', pero que en estos momentos 'no hay que hacer un recordatorio de agravios' y que lo necesario es reconducir el diálogo. Zarrías pone como ejemplo de cooperación el Programa de Desarrollo Transfronterizo (PDT) 2001-2005 que próximamente suscribirán formalmente la Junta de Andalucía y Marruecos. La Junta aportará en este periodo 7.500 millones de pesetas para este programa, que se destina a tres regiones del norte de Marruecos, las más deprimidas del país vecino. Aunque todavía falta la firma formal, este programa (cofinanciado con fondos de la Junta y de Marruecos) ya se está ejecutando. El PDT, que recoge el espíritu de la Conferencia Euromediterránea que se celebró en Barcelona en 1995, en la que se abogó por dar el salto de la cooperación al de la asociación con los países en desarrollo, tiene siete objetivos prioritarios: servicios sociales; desarrollo social; desarrollo económico; infraestructuras; fortalecimiento institucional; medio ambiente y energías alternativas y cultura y patrimonio histórico. Zarrías afirma que en la Conferencia Euromediterránea de Valencia del año próximo debe darse un impulso al espíritu de la cita de Barcelona.
Colunga: 'Los empresarios necesitan seguridad jurídica'
Los empresarios andaluces creen que la decisión de Marruecos de llamar a consultas a su embajador en España responde a un 'problema interno' del país norteafricano. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Rafael Álvarez Colunga, estima que 'la medida es consecuencia de un monarca poco experto en política'. Álvarez Colunga subraya que pese a la cercanía los empresarios andaluces son poco receptivos a invertir en Marruecos porque 'necesitan seguridad jurídica', algo que, en su opinión, no ocurre en estos momentos, pese a los intentos por la democratización y la liberalización de la economía de Marruecos. 'La monarquía no puede ser propietaria del 80% de la tierra', añade el presidente de la patronal andaluza, que señala que sólo el 2% de la inversión española en el exterior va a Marruecos. 'Algo debe ocurrir', afirma Álvarez Colunga. 'Nosotros estamos dispuestos a invertir, pero ellos tienen que cambiar. Mientras no se liberalice es difícil invertir', comenta. Para el presidente de la CEA, este último acontecimiento está poniendo de manifiesto que en España y Marruecos 'hay regímenes distintos y formas políticas y económicas diferentes'.
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